Acteal, más que un banco de arena
Pablo Romo Cedano*
A dos meses del décimo aniversario de la masacre de Acteal, se pretende reciclar una vez más la versión de que fue consecuencia de conflictos interreligiosos e intracomunitarios. Me refiero específicamente al artículo de Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos del mes de octubre.
Hace 10 años los autores intelectuales de la masacre y sus cómplices intentaron explicar que las causas de los crímenes se debían a la lucha por un banco de arena y por cuestiones de diferencias religiosas entre católicos y protestantes. Esas versiones las circularon en ese tiempo los criminales que diseñaron la guerra de baja intensidad, los que formaron a los paramilitares, quienes brindaron impunidad a muchos homicidas e incrementaron la violencia del conflicto en todo el estado de Chiapas después de la masacre de Acteal.
Centenares de testimonios de personas del municipio de Chenaló, al que pertenece la pequeña comunidad de Acteal, recogidos antes y después de la masacre, no sólo por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, sino también por periodistas e investigadores honestos, revelaron en su momento, y lo siguen mostrando ahora, cómo un grupo de indígenas de localidades de este municipio fueron entrenados, armados y dirigidos por elementos de la policía de seguridad pública comandada por Jorge Enrique Hernández, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Chiapas, asesorado por el general de brigada DEM retirado Jorge Gamboa Solís, coordinador general de la policía del estado.
Muchas veces fuimos testigos desde el Centro Fray Bartolomé de la protección que la policía y el ejército brindaban a esos grupos armados cuando cometían sus acciones criminales. Lo denunciamos públicamente y ante el Ministerio Público. No fuimos testigos solitarios de estas complicidades.
La magnífica y pertinente cámara de Carlos Martínez registró, por ejemplo, a un contingente de la policía cuando escoltaba a los paramilitares que regresaban a sus comunidades el 25 de diciembre de 1997, mientras caminábamos en procesión a dar sepultura a los 45 cuerpos de las niñas y niños, mujeres y hombres masacrados.
Meses antes, el mismo Carlos Martínez y su cámara, con una pequeña delegación nacional e internacional, con miembros de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), sorprendimos a elementos de la policía del estado entrenando a civiles en un campo cercano a la comunidad de San Pedro Nixtalucum, en los Altos de Chiapas. En otra ocasión, el obispo Raúl Vera fue atacado por un grupo paramilitar custodiado por elementos del ejército en las inmediaciones de Bachajón.
Los testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que documentaban la existencia de grupos paramilitares, su formación y entrenamiento en Chenaló y en la zona norte del estado de Chiapas, fueron entregados también a la Procuraduría General de la República en un acto público el 3 de enero de 1998.
Desgraciadamente muchos han sido los muertos, no sólo en Chenalhó, que se han registrado en el contexto de esas operaciones (medio) encubiertas. Operaciones coordinadas y estudiadas con precisión, aunque no siempre ejecutadas de esa manera. Operaciones aprendidas en escuelas de contrainsurgencia de Estados Unidos y con asesores militares de varios países más, entre ellos Argentina y Guatemala, o también aprendidas en los manuales que editaba la Secretaría de la Defensa Nacional en ese tiempo.
Problemas en Chiapas por bancos de arena, por disputas de tierra, por diferencias de religión, de partidos políticos o ideologías, han existido y siguen existiendo, y no por ello se cometen masacres como la de Acteal.
Explicar la masacre de Acteal por disputas de esa índole no sólo insulta la inteligencia, sino la memoria de los muertos asesinados mientras oraban por la paz.
El abordaje indígena de los conflictos y de las diferencias es ciertamente otro que el de los mestizos o europeos, pero raramente los lleva a la muerte. Y esto aun cuando se trate de temas tan importantes y delicados como los religiosos.
La masacre de Acteal aún está en la impunidad en cuanto a los autores intelectuales. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que se investigue y se les castigue?
* Ex director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, actualmente coordinador del Observatorio de la Conflictividad Social
Pablo Romo Cedano*
A dos meses del décimo aniversario de la masacre de Acteal, se pretende reciclar una vez más la versión de que fue consecuencia de conflictos interreligiosos e intracomunitarios. Me refiero específicamente al artículo de Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos del mes de octubre.
Hace 10 años los autores intelectuales de la masacre y sus cómplices intentaron explicar que las causas de los crímenes se debían a la lucha por un banco de arena y por cuestiones de diferencias religiosas entre católicos y protestantes. Esas versiones las circularon en ese tiempo los criminales que diseñaron la guerra de baja intensidad, los que formaron a los paramilitares, quienes brindaron impunidad a muchos homicidas e incrementaron la violencia del conflicto en todo el estado de Chiapas después de la masacre de Acteal.
Centenares de testimonios de personas del municipio de Chenaló, al que pertenece la pequeña comunidad de Acteal, recogidos antes y después de la masacre, no sólo por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, sino también por periodistas e investigadores honestos, revelaron en su momento, y lo siguen mostrando ahora, cómo un grupo de indígenas de localidades de este municipio fueron entrenados, armados y dirigidos por elementos de la policía de seguridad pública comandada por Jorge Enrique Hernández, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Chiapas, asesorado por el general de brigada DEM retirado Jorge Gamboa Solís, coordinador general de la policía del estado.
Muchas veces fuimos testigos desde el Centro Fray Bartolomé de la protección que la policía y el ejército brindaban a esos grupos armados cuando cometían sus acciones criminales. Lo denunciamos públicamente y ante el Ministerio Público. No fuimos testigos solitarios de estas complicidades.
La magnífica y pertinente cámara de Carlos Martínez registró, por ejemplo, a un contingente de la policía cuando escoltaba a los paramilitares que regresaban a sus comunidades el 25 de diciembre de 1997, mientras caminábamos en procesión a dar sepultura a los 45 cuerpos de las niñas y niños, mujeres y hombres masacrados.
Meses antes, el mismo Carlos Martínez y su cámara, con una pequeña delegación nacional e internacional, con miembros de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), sorprendimos a elementos de la policía del estado entrenando a civiles en un campo cercano a la comunidad de San Pedro Nixtalucum, en los Altos de Chiapas. En otra ocasión, el obispo Raúl Vera fue atacado por un grupo paramilitar custodiado por elementos del ejército en las inmediaciones de Bachajón.
Los testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que documentaban la existencia de grupos paramilitares, su formación y entrenamiento en Chenaló y en la zona norte del estado de Chiapas, fueron entregados también a la Procuraduría General de la República en un acto público el 3 de enero de 1998.
Desgraciadamente muchos han sido los muertos, no sólo en Chenalhó, que se han registrado en el contexto de esas operaciones (medio) encubiertas. Operaciones coordinadas y estudiadas con precisión, aunque no siempre ejecutadas de esa manera. Operaciones aprendidas en escuelas de contrainsurgencia de Estados Unidos y con asesores militares de varios países más, entre ellos Argentina y Guatemala, o también aprendidas en los manuales que editaba la Secretaría de la Defensa Nacional en ese tiempo.
Problemas en Chiapas por bancos de arena, por disputas de tierra, por diferencias de religión, de partidos políticos o ideologías, han existido y siguen existiendo, y no por ello se cometen masacres como la de Acteal.
Explicar la masacre de Acteal por disputas de esa índole no sólo insulta la inteligencia, sino la memoria de los muertos asesinados mientras oraban por la paz.
El abordaje indígena de los conflictos y de las diferencias es ciertamente otro que el de los mestizos o europeos, pero raramente los lleva a la muerte. Y esto aun cuando se trate de temas tan importantes y delicados como los religiosos.
La masacre de Acteal aún está en la impunidad en cuanto a los autores intelectuales. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que se investigue y se les castigue?
* Ex director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, actualmente coordinador del Observatorio de la Conflictividad Social
