Determina la Corte atraer un amparo interpuesto sobre la matanza de Acteal

■ El asunto reviste interés superlativo por la posible afectación de valores sociales y políticos, dicen ministros
La Jornada / Jesús Aranda

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer ejercer su facultad de atracción para conocer un nuevo amparo (en julio pasado atrajo tres asuntos que involucran a 24 sentenciados) relacionado con la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en la que fueron asesinados 45 tzotziles de esa comunidad del municipio de Chenalhó, Chiapas.

Los ministros consideraron que el asunto reviste un “interés superlativo” por la posible afectación o alteración de valores sociales y políticos, así como de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado vinculados con la impartición de justicia.

“Conscientes” de que el asunto es relevante, novedoso y complejo, los cinco togados de la primera sala determinaron que en este asunto es necesario “un pronunciamiento del máximo tribunal de justicia del país y que el criterio que se llegara a sustentar va a repercutir de manera excepcionalmente importante en la solución de casos futuros”.

El dictamen elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero señala que el asunto es de interés nacional, en el que todos los sectores de la sociedad están interesados, pues los hechos ocurridos en Acteal han sido calificados por diversos medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, gobiernos y sociedad en general, tanto a escala nacional como internacional, como “la matanza de Acteal”, “el genocidio de Acteal”, “crimen de lesa humanidad”, etcétera.

Basta consultar páginas de los distintos buscadores de Internet –añade la sentencia– para percatarse de todo tipo de opiniones de medios, periodistas, religiosos, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, así como de los reiterados reclamos de justicia respecto a los hechos.

Además –subraya–, el número de víctimas (45 muertos y 16 heridos), el número de personas que participaron en los hechos –se habla de más de 100 victimarios, provenientes de diversas comunidades del municipio de Chenalhó– hace que el asunto sea de interés relevante.

La investigación que realizará la propia ministra Sánchez Cordero tiene como origen el amparo directo que solicitaron Antonio Pujuc Luna y Mariano Pujuc Luna, quienes alegan que la valoración de pruebas que realizó el primer tribunal unitario del vigésimo circuito, que los sentenció el pasado 21 de abril por los delitos de homicidio y lesiones, así como por diversas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se basó exclusivamente en los testimonios acusatorios, y no en los que los exoneran de los cargos.

Durante la sesión pública, Sánchez Cordero señaló: “tendremos la posibilidad de fijar el valor de aquellas pruebas cuya obtención puede estar relacionada con haberse practicado sin las formalidades legales establecidas para ese fin y una posible violación, con ello, de derechos fundamentales de las personas que están implicadas en estos asuntos”.

Cabe señalar que la solicitud de atracción fue hecha por la magistrada Marta Olivia Tello, presidenta del segundo tribunal colegiado del vigésimo circuito, quien consideró que la SCJN debía conocer el asunto, porque los hechos “no han dejado de ser noticia en medios de comunicación nacionales y extranjeros, a pesar del tiempo transcurrido”.

Además destacó la particularidad de que “los habitantes de la comunidad de Acteal fueran simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que la disputa por el dominio de un banco de arena existente en la zona generó inestabilidad social en la región, que culminó con el ataque perpetrado a la comunidad con los resultados ya sabidos”.

Comunicado del grupo ex Abejas

 

CAMPAMENTO DE NUEVO YIBELJOJ, CHENALHÓ, CHIAPAS.

A 1ro. De mayo de 2008.

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DEL MUNDO
A LOS GOBIERNOS DEL PAIS Y DEL MUNDO
A LOS HERMANOS RELIGIOSOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
A LA OPINIÓN PÚBLICA

Hermanas y hermanos, compañeros y compañeras. Hoy día primero de mayo de 2008, estamos concentrados después de dos días de ayuno en cada uno de nuestras lugares de origen de los hoy presentes para hacer una oración llamado hora de gracia por la situación que hoy estamos viviendo dentro de nuestras organización sociedad civil Las Abejas.

Como ustedes lo ven que este año desde el comienzo  del año nuevo, se empezó a difundir varios testimonios, primero fueron testimonio de los sobrevivientes de Acteal firmado al margen  por algunas personas y luego hicieron varios mensajes que firmaban los representantes en turno llamado mesa directiva expresando las inconformidades sobre el acuerdo de respeto mutuo que según ellos fue a cambio de los apoyos del gobierno así incurrieron a un rechazo total.

Antes esa situación queremos aclarar, que esta diferencia social que existe dentro de nuestra organización, nació por “La crisis del movimiento indígena, se genera desde la claudicación a principios primogénitos de nuestra cultura, sesión ante medidas eficaces de manipuleo político por parte de los representantes en turno, intromisión de personas, extrañas a los intereses del campesinado, es decir de la mesa directiva de este periodo cayeron en una crisis a causa de ser absorbidos por asistencialismo  y el paternalismo.

De otra manera debemos señalar como causa de la crisis del movimiento indígena las tendencias hegemonistas de sectores que presionaron el sectarismo, el dogmatismo y el oportunismo, provocando un verdadero encasillamiento y canibalismo político, que confundió y ahuyento a las bases indígenas campesinas, cayéndose desde entonces, en una etapa de frustración y repliegue forzado.

De otra manera, estos mensajes declarados en contra de los mismos servidores de la misma organización, de su ex autoridad de su representantes carece de visibilidad política a la cual nos ha convocado a hacer ayuno de tres días y culminar con esta oración para pedirle a Dios “perdón por quienes nos ofenden” porque no saben lo que hacen, enfrentarse entre hermanos indígenas es injusto.

Ante estos hechos lamentables dentro de la organización Las Abejas, acordamos dejar la tierra sagrada lugar de oración para respetar la palabra de los sobrevivientes porque consideramos que en nuestra caja como las abejas, allá se metieron hormigas y esto lo tenemos que abandonar para respetarlos. Pero no pueden rechazar  el acuerdo de respeto mutuo cuando no son ellos lo que firman, porque es fruto de nuestro retorno a nuestros lugares de origen, ni mucho menos cancelar nuestras demandas ante el gobierno así como la vivienda, salud, educación y el derecho consuetudinario como pueblo indígenas. Ustedes hermanos  si lo califican estos mensajes de por quienes nos representan, son odio, dolo y mala fe que por ésa razón declaramos ahora nos son nuestros representantes porque incurrieron  a un atropello a los derechos humanos.

Sin embargo la situación no tiende a mejorar para el campesinado, el campo está marginado, por estas medidas la organización de la Naciones Unidas ONU ha declarado carente de apoyo técnico y crediticio de los pueblos indígenas, sin justiprecio para nuestros productos, ni medidas para darle mayor valor agregado. Por estas causas en la década de los 1990 iniciamos con la apertura de sensibilizar sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, así mismo sentar posesión frente a las defensa integral de los derechos humanos y caminar juntos con las organizaciones sociales como lo hemos demostrado, son falsos los mensajes difundidos  que no queremos caminar con las organizaciones.

Habían señalado en el último mensaje que se había separado algunas personas mencionándola asó los hombres y que prohibían hablar de las abejas y usar el sello. Queremos decir que en el sello no están las abejas, están por nuestros servidores, que caminan, que ven, que insisten la justicia y lo que es para el desarrollo de las comunidades y para el bienestar social hacia la auto determinación. 

Esto lo hacemos a la luz publica no solo unos cuantos personas, son 21 comunidades representados  que acordamos caminar juntos con nuestros  representantes que los hemos elegido, nuestras ex autoridades que con sus esfuerzos hemos logrado un poco la tranquilidad, no hemos alcanzado la justicia completa por la masacre de Acteal y de los hechos previos  es decir por nuestros desplazamientos, es por la falta de la voluntad de los gobiernos.

Con este ayuno y oración mantendremos firme  en nuestra lucha pacifica incansable no revocamos de nuestros logros y avances como el acuerdo de respeto mutuo, ni abstenerse en la exigencia de los derechos como ciudadanos chiapanecos y mexicanos lo que ya se ha logrado en una mesa, con el gobiernos de Chiapas. Conforme a los acuerdos y conclusiones el pasado 13 de diciembre del 2007 con nuestra comisión a favor de las comunidades Originarias de esta región indígena.

Cabe recordar que dentro de poco tiempo se seguirá nuestra comisión para asistir a la mesa de atención para exigirle al gobierno lo que es su obligación y lo que son nuestros derechos, porque no pedimos limosna ni migaja.



JUSTICIA, PAZ Y LEBERTAD.
Atentamente:
Las comunidades Abejas retornados del municipio de chenalhó, Chiapas, México


Los asesinos de Acteal: ¿por qué este caso y no otros?

Los asesinos de Acteal: ¿por qué este caso y no otros?
Federico Anaya Gallardo*/ I

Dolores Camacho Velázquez y Arturo Lomelí González en su artículo “Acteal: algunos trasfondos del debate” (La Jornada, 22/12/07) hacen cuestionamientos pertinentes sobre el intento revisionista de la matanza de Acteal. Se preguntan por la intención de los defensores de los asesinos ya sentenciados: “¿por qué luchar por la vía jurídica, si como dicen hay tantas fallas en el proceso?”

El pasado 17 de diciembre, en conferencia de prensa organizada por Ricardo Raphael, dirigente de la asociación política nacional Alternativa Ciudadana, los defensores de los asesinos presentaron su caso a la prensa capitalina. El director del área de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE) explicó que esa institución pública –dependiente de la Secretaría de Educación Pública, (SEP)– tomó la defensa porque las supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia eran tan graves que lo hacían un caso paradigmático. Se trata de demostrar, dijo, mediante este ejemplo gravísimo, que los sistemas mexicanos de investigación criminal, procuración de justicia y castigo de los delincuentes son completamente inadecuados.

En abstracto, esta explicación del CIDE responde sobradamente el cuestionamiento de Camacho y Lomelí. Pero nos deja mal sabor de boca. Sucede que hay muchos otros casos paradigmáticos que se ajustarían a los criterios del CIDE. ¿Por qué tomar este caso y no otros? El CIDE no dijo nada cuando se cuestionó esto en la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque responder develaría necesariamente la afiliación política de la defensa y le haría perder la aureola de defensores puros de la ley con que se presentan.

La defensa de los asesinos ha tratado de velar su identidad política, pero hay suficientes elementos públicos que nos la muestran. Ya Luis Hernández Navarro documentó el pacto político entre Hugo Eric Flores Cervantes (profesor del CIDE, dirigente de una asociación política nacional de filiación evangélica y origen intelectual de la versión de la defensa) con el PAN durante la campaña presidencial de 2006 (“Dios los hace y la Presidencia los junta”, 24/12/07). Ese pacto incluía revisar el estado procesal de los expedientes de la matanza de Acteal. Calderón ha cumplido: la revisión la ha hecho el CIDE. Pero hay más. Se argumenta que ante la manifiesta inocencia de muchos de los indígenas sentenciados es éticamente imposible desdeñar este caso por ser “políticamente incorrecto”. Esto, en referencia a que lo “socialmente aceptable” en Chiapas es atacar al gobierno y a sus aliados en la lucha contra zapatistas y otros opositores. Esto lo ha manifestado en muchas ocasiones la abogada Ana Laura Magaloni, cabeza de la clínica jurídica del CIDE. El mismo día de la conferencia de prensa organizada por Alternativa Ciudadana, en el programa Espiral que conduce Raphael en Canal 11 (emisora pública del Instituto Politécnico Nacional, otro organismo de la SEP federal) aparecieron, en calidad de colaboradores, los abogados del CIDE y Héctor Aguilar Camín. La conducción de Raphael facilitó que Magaloni presentara el caso judicial mientras Aguilar Camín desplegaba el caso político, incluida su ya muy trillada interpretación de que los zapatistas son los responsables últimos de toda la violencia ocurrida en Chiapas desde 1994. Lo más interesante de la emisión, sin embargo, fue la clara afirmación de Magaloni de que a partir de las pruebas existentes en el expediente no es posible hablar de la existencia de grupos paramilitares en Chenalhó. Esta misma posición la manifestó de nuevo, el mismo día, en Contrapunto (Canal 2 de Televisa), donde ella se presentó junto con Raphael en una mesa moderada por Denise Maerker y en la que ambos debatieron con Luis Hernández Navarro.

Una semana antes, Magaloni y Aguilar Camín habían aparecido como entrevistados, manifestando las mismas posiciones, en el reportaje sobre la inocencia de los asesinos sentenciados que realizó el martes 11 de diciembre el programa El Rotativo, de Canal 22, otra emisora pública (dependiente del CNCA, también organismo de la SEP y, por cierto, frecuencia ligada históricamente al grupo Nexos que encabeza Aguilar Camín). De hecho, el anuncio de la conferencia de prensa de Alternativa Ciudadana se dio en esa emisión de El Rotativo. Estamos, pues, ante una liga o coalición de organismos públicos federales (CIDE, Canal 11, Canal 22) e intelectuales involucrados directa o indirectamente en política partidista y pública (Raphael como parte de Alternativa Ciudadana y ombudsman del televidente en Canal 11, y Aguilar Camín como consejero áulico de ya varias presidencias). Con la excusa de un caso paradigmático, esta coalición desliza en cadena nacional una y otra vez dos especies: una, que el neozapatismo es el generador original de la violencia en Chiapas; otra, que es imposible demostrar legalmente que haya habido (y haya) grupos paramilitares en Chiapas. Recapitulemos ahora. ¿Por qué defender a los asesinos de Acteal y no a las muchas decenas de perredistas, zapatistas y opositores que, en los mismos años, fueron (y son) acusados incorrecta y frívolamente por las procuradurías estatal y federal? Éstos también podrían ser casos paradigmáticos de acuerdo con los criterios del CIDE. Respuesta: porque el caso paradigmático de los asesinos de Acteal es la única causa penal seria abierta en contra de los paramilitares y la única que tendría el potencial de demostrar la responsabilidad política del Ejército Mexicano y del gobierno de la República en la campaña contrainsurgente desplegada desde 1994 (y hasta nuestros días) contra el zapatismo chiapaneco.

La defensa de los asesinos correctamente diagnostica que la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) es defectuosa, que su versión de los hechos no se sostiene y que, ante la duda, debería haber imperado el principio garantista de in dubio pro reo. Hasta aquí, nadie en su sano juicio se opondría a tal exposición. Pero notemos cómo los defensores de la revisión histórica deslizan otra idea: que de las pruebas recabadas por la PGR tampoco puede demostrarse la existencia de grupos paramilitares. Efectivamente, si la acusación no puede demostrar la culpabilidad de los autores materiales, mucho menos podría demostrar que éstos formaban una asociación delictuosa (grupo paramilitar) ni la colusión de servidores públicos con ese grupo armado. Por cierto, este defecto de la acusación fue el único reconocido por los tribunales federales cuando en apelación eliminaron la imputación de asociación delictuosa en 1998; hecho que Las Abejas ha venido denunciando desde entonces.

Lo sospechoso es que ni el CIDE ni Canal 11 ni Canal 22 ni Raphael ni Aguilar Camín reaccionan de la misma manera ante esa también terrible injusticia. No hay en su discurso un reclamo consistente, ni serio, para que se investigue la existencia de los grupos armados que operaban y operan en contra de los zapatistas y de cualquier opositor al gobierno. No nos extrañemos: estas personas no pueden asumir esta actitud porque a quien defienden es precisamente a quien es responsable último de la política, violatoria de la ley, la Constitución y los derechos humanos, que fomentó a esos paramilitares.

* Abogado, ex miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y ex representante legal de la diócesis de San Cristóbal de las Casas

Federico Anaya Gallardo/II y última

Camacho y Lomelí nos dicen en “Acteal: algunos trasfondos del debate (La Jornada, 22/12/07)” que “ante una masacre como la ocurrida, donde las acciones fueron colectivas, es difícil, según han señalado los especialistas, determinar quién disparó a una persona en específico y quién no; es un crimen en colectivo contra un colectivo”. Precisamente por ello es que enredarse, como hace el Centro de Investigación y Docencia Eeconómicas (CIDE), en la defensa puntillista de los procedimientos penales del caso Acteal es caer en una trampa diabólica.

Al aplicar el derecho y perseguir los delitos existe una diferencia radical entre situaciones de paz y guerra. En tiempos de paz la violencia social se manifiesta de modo individualizado, y en un porcentaje alto de los casos es posible establecer responsables individuales para cada hecho violento. En este contexto se deben aplicar los principios de debido proceso y presunción de inocencia. Su estándar debe ser muy alto: cualquier duda respecto de la responsabilidad individual debe resolverse declarando la inocencia del acusado. Cosa distinta ocurre en situaciones de guerra. Aquí la violencia se da de modo colectivo, y la determinación de responsabilidades individuales se vuelve difícil, cuando no imposible. Aplicar en estos casos un estándar alto de presunción de inocencia conllevaría la absolución automática de todos los implicados. Hay una notable excepción: la de quienes están al mando de los grupos armados. Los tribunales que juzgan crímenes de guerra no suelen procesar combatientes individuales, sino a quienes los dirigen. Pero de nueva cuenta el carácter colectivo de las acciones de guerra impide determinar claramente una responsabilidad criminal individualizada. Por ello los mandos de las bandas armadas no son juzgados por homicidios o lesiones específicas. Se les juzga por provocar el estado de guerra y por ordenar o permitir homicidios y lesiones.

Veamos el artículo 37 del Código Penal federal, que castiga el delito de rebelión. El segundo párrafo de esa norma señala: “los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate…” El Legislativo reconoce aquí el problema de establecer responsabilidades individualizadas y elimina la responsabilidad penal. Pero la misma norma afirma que la responsabilidad de los mandos es grave. A renglón seguido, agrega que de los homicidios y lesiones que se causen fuera de combate “serán responsables tanto el que los mande como el que los permita y los que inmediatamente los ejecuten…” Primero es responsable el mando que ordena o permite, y sólo después (si es posible determinar la responsabilidad individualizada) quien ejecuta.

Aun para hacer la guerra hay reglas. Toda guerra sucia es de suyo ilegal. En combate, cuando la violencia colectiva está desatada, matar y herir no es delito. Fuera del combate, matar y herir es un crimen. Ésta es la situación del caso Acteal, de acuerdo con todos. Inclusive, Aguilar Camín reconoce que luego de una supuesta batalla los agresores siguieron atacando a civiles indefensos (Nexos, diciembre 2007, y programa Espiral del 17 de diciembre de 2007 en Canal 11). De este tipo de delitos el primer responsable es quien los ordenó o quien los permitió. En Acteal, de acuerdo con la versión del propio Aguilar Camín, quienes permitieron esos ilícitos fueron las autoridades municipales de Chenalhó y los gobiernos de Chiapas y de la República (Nexos, noviembre de 2007).

La existencia material de los paramilitares en Chiapas ha sido probada multitud de veces en informes de organismos defensores de derechos humanos y reportes de prensa confirmados. Hay noticias ciertas de que la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró en 1994 un Plan de Campaña, que incluía la formación de grupos civiles armados leales al gobierno, como parte de su estrategia para vencer a los rebeldes zapatistas (Marín, Delgado y M. Scherer, Proceso 1105 y 1106, enero de 1998. Marín, Milenio Semanal 172, 1/01/01). El gobierno federal ha evadido sistemáticamente este tema, porque aceptar que existe una relación entre ese plan de campaña militar y los paramilitares sería confesar que ignoró la Constitución, que obligaba a la Presidencia de la República a solicitar al Congreso una ley de suspensión de garantías que le indicase cómo enfrentar a los rebeldes en 1994 y, luego de 1995, que violó la Ley para el Diálogo, aprobada por el Congreso en 1995.

Esta última norma reconoce lo que Camacho y Lomelí dicen: en Chiapas estamos ante hechos de violencia colectiva, que no pueden ser atendidos con el sistema legal propio de los tiempos de paz. La Ley para el Diálogo es una disposición de tiempos de guerra, pero no suspende garantías. Hace algo mejor: establece un mecanismo de negociación complejo, que permita detener las hostilidades ya desencadenadas y atender los problemas sociales que originaron la insurrección indígena. Precisamente esto hace más grave su violación por parte de la administración de Ernesto Zedillo, quien permitió que bandas armadas leales a su gobierno atacaran al zapatismo y a cualquier otro opositor, minando el proceso de diálogo ordenado por la ley. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) abandonó las conversaciones en septiembre de 1996, señalando como causa las acciones paramilitares de Paz y Justicia. Suspendidas las negociaciones, el Ejército buscaba una excusa para atacar abiertamente a su enemigo. Los ataques de las bandas armadas en Chenalhó buscaban eso exactamente: una respuesta de los zapatistas, que justificara un contrataque. Correctamente, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) denunció la estrategia del Ejecutivo (véanse los testimonios de Martínez Veloz en La Jornada).

La Ley para el Diálogo de 1995 refleja dos realidades contradictorias. Una, la voluntad pacifista de la sociedad mexicana, que desde 1994 (y hasta ahora) se ha opuesto tanto a la violencia revolucionaria del EZLN como a la represión gubernamental. Otra, el fracaso del intento de Zedillo por descabezar la insurgencia zapatista en febrero de 1995. Ambas realidades ayudan a entender lo que es “políticamente correcto” en el México posterior al zapatismo. La insurrección del EZLN ha sido reconocida como legítima por el Congreso de la Unión. Por tanto, más allá de su ilegalidad, los rebeldes, su causa y su agenda social pueden ser (y son) aceptadas públicamente por la mayoría de los mexicanos.

Se trata, sin duda, de una situación enojosa. La Ley para el Diálogo regula una situación de excepción. La decisión de Zedillo y del Ejército Mexicano de violarla, apoyando a los paramilitares, ha obligado a mantener la situación de excepción por tres lustros. La situación es especialmente molesta para personas que hace mucho abjuraron de la vía de las armas, luego de tomarlas (como Hirales) o pese a nunca haberlo hecho (Aguilar Camín). Esto explica la virulencia con que estos intelectuales quieren demostrar la “culpabilidad” zapatista en toda la violencia chiapaneca. No entienden que el Congreso ordenó suspender la persecución penal de culpables y dialogar. No entienden que si hay un culpable, es el Ejecutivo federal por desobedecer una orden directa de la soberanía democrática.

La situación de excepcionalidad jurídica de Chiapas también molesta a los abogados formalistas, como los del CIDE. Al tomar la defensa de los asesinos de Acteal, presentan su caso como paradigma de la injusticia del sistema penal mexicano. No puede ser paradigma, porque Acteal nace de una situación de excepción por vía doble: primero, la excepcionalidad regulada por la Ley del Diálogo, y, segundo, por la excepcionalidad creada por la violación que hizo Zedillo de esa ley. Si el CIDE no comprende esto será, lo quiera o no, cómplice de una de las partes beligerantes (el gobierno federal) en un conflicto armado que no se ha resuelto.

ACTEAL: Documentos y material multimedial Encuentro Nacional Contra la Impunidad

Acteal: Más de 200 personas y más de 50 organizaciones de México y de otros países participaron al Encuentro Nacional Contra la Impunidad de Acteal organizado por la organización indígena tsotsil "Las Abejas" el 20 y 21 de diciembre de 2007.

El objetivo principal del encuentro, declararon Las Abejas, fue fortalecer la articulación con las diferentes organizaciones nacionales e internacionales para hacer más fuerte la voz contra la impunidad en el país, presionar a las autoridades para aplicar la justicia y reconocer su responsabilidad, garantizar la no repetición de los hechos y el respeto a los derechos humanos.

SIPAZ estuvo presente y participó a los labores en los dos días del encuentro así como en la celebración realizada el 22 de diciembre, día de conmemoración de la masacre. En el blog de SIPAZ, en los próximos días, se irán publicando los documentos del encuentro (véase último informe del CDH Frayba sobre el caso Acteal ) así como material informativo y multimedial. Véase también el blog de Las Abejas por más información.

Ya está disponible el video de la ponencia de Itzel Silva Monroy (CDH Frayba) sobre los avances legales del caso Acteal.

Por favor, si les parece interesante, reenvíen este correo a sus contactos. Gracias.

Saludos,

Roberto Stefani

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