Acteal, más que un banco de arena

Acteal, más que un banco de arena
Pablo Romo Cedano*

A dos meses del décimo aniversario de la masacre de Acteal, se pretende reciclar una vez más la versión de que fue consecuencia de conflictos interreligiosos e intracomunitarios. Me refiero específicamente al artículo de Héctor Aguilar Camín en la revista Nexos del mes de octubre.

Hace 10 años los autores intelectuales de la masacre y sus cómplices intentaron explicar que las causas de los crímenes se debían a la lucha por un banco de arena y por cuestiones de diferencias religiosas entre católicos y protestantes. Esas versiones las circularon en ese tiempo los criminales que diseñaron la guerra de baja intensidad, los que formaron a los paramilitares, quienes brindaron impunidad a muchos homicidas e incrementaron la violencia del conflicto en todo el estado de Chiapas después de la masacre de Acteal.

Centenares de testimonios de personas del municipio de Chenaló, al que pertenece la pequeña comunidad de Acteal, recogidos antes y después de la masacre, no sólo por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, sino también por periodistas e investigadores honestos, revelaron en su momento, y lo siguen mostrando ahora, cómo un grupo de indígenas de localidades de este municipio fueron entrenados, armados y dirigidos por elementos de la policía de seguridad pública comandada por Jorge Enrique Hernández, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Chiapas, asesorado por el general de brigada DEM retirado Jorge Gamboa Solís, coordinador general de la policía del estado.

Muchas veces fuimos testigos desde el Centro Fray Bartolomé de la protección que la policía y el ejército brindaban a esos grupos armados cuando cometían sus acciones criminales. Lo denunciamos públicamente y ante el Ministerio Público. No fuimos testigos solitarios de estas complicidades.

La magnífica y pertinente cámara de Carlos Martínez registró, por ejemplo, a un contingente de la policía cuando escoltaba a los paramilitares que regresaban a sus comunidades el 25 de diciembre de 1997, mientras caminábamos en procesión a dar sepultura a los 45 cuerpos de las niñas y niños, mujeres y hombres masacrados.

Meses antes, el mismo Carlos Martínez y su cámara, con una pequeña delegación nacional e internacional, con miembros de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), sorprendimos a elementos de la policía del estado entrenando a civiles en un campo cercano a la comunidad de San Pedro Nixtalucum, en los Altos de Chiapas. En otra ocasión, el obispo Raúl Vera fue atacado por un grupo paramilitar custodiado por elementos del ejército en las inmediaciones de Bachajón.

Los testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que documentaban la existencia de grupos paramilitares, su formación y entrenamiento en Chenaló y en la zona norte del estado de Chiapas, fueron entregados también a la Procuraduría General de la República en un acto público el 3 de enero de 1998.

Desgraciadamente muchos han sido los muertos, no sólo en Chenalhó, que se han registrado en el contexto de esas operaciones (medio) encubiertas. Operaciones coordinadas y estudiadas con precisión, aunque no siempre ejecutadas de esa manera. Operaciones aprendidas en escuelas de contrainsurgencia de Estados Unidos y con asesores militares de varios países más, entre ellos Argentina y Guatemala, o también aprendidas en los manuales que editaba la Secretaría de la Defensa Nacional en ese tiempo.

Problemas en Chiapas por bancos de arena, por disputas de tierra, por diferencias de religión, de partidos políticos o ideologías, han existido y siguen existiendo, y no por ello se cometen masacres como la de Acteal.

Explicar la masacre de Acteal por disputas de esa índole no sólo insulta la inteligencia, sino la memoria de los muertos asesinados mientras oraban por la paz.

El abordaje indígena de los conflictos y de las diferencias es ciertamente otro que el de los mestizos o europeos, pero raramente los lleva a la muerte. Y esto aun cuando se trate de temas tan importantes y delicados como los religiosos.

La masacre de Acteal aún está en la impunidad en cuanto a los autores intelectuales. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que se investigue y se les castigue?

* Ex director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, actualmente coordinador del Observatorio de la Conflictividad Social

Aguilar Camín trata de desviar la verdad sobre Acteal: Las Abejas

Aguilar Camín trata de desviar la verdad sobre Acteal: Las Abejas
“Políticos, periodistas y escritores se hacen cómplices de la impunidad”, sostiene
Elio Henríquez (La Jornada)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 23 de octubre. Cuando faltan dos meses para que se cumplan 10 años del asesinato de 45 indígenas en Acteal, la organización civil Las Abejas afirmó que políticos, periodistas y escritores que “se hacen cómplices de la impunidad” pretenden “ocultar, manipular y tergiversar” la verdad en torno a los hechos.

Al recordar a las víctimas con una misa este lunes –como ocurre los días 22 de cada mes–, la agrupación dio a conocer un comunicado del cual dedicó gran parte al escritor Héctor Aguilar Camín, quien, dijo, “trata de darle un giro contrario al conflicto político de Chiapas, que llevó a la masacre”.

Añadió que lo que éste busca “es tratar de desviar la verdad y hacer creer que el Estado no tuvo nada que ver en esa masacre, pero le decimos que lo que pasó en Acteal fue producto de un conflicto político diseñado desde arriba en los gobiernos (federal) de (Ernesto) Zedillo y (estatal de Julio César) Ruiz Ferro”.

La organización, a la cual pertenecían las 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres asesinados, agregó: “Es muy evidente que él (Aguilar Camín) trata de tergiversar la información, que en lugar de decir paramilitares usa el término grupos de autodefensa, pero nosotros le decimos que antes de la masacre esa gente que le llama grupos de autodefensa pasaban en las comunidades en camionetas con sus armas e iban acompañados con camiones de la Policía de Seguridad Pública del Estado”.

Ante unos 300 indígenas que acudieron a Acteal para participar en la ceremonia, la organización subrayó: “Le contestamos a este señor, que su artículo publicado en la revista Nexos, número 358, de este mes de octubre, es un regreso a la tesis de que la masacre de Acteal fue consecuencia de un problema intercomunitario y que después trataron de manejarlo como conflicto religioso”.

Aguilar Camín “podrá sacar los siguientes dos artículos, pero no van a ser más que la misma gata, nomás revolcada”, manifestó Las Abejas, al tiempo de asegurar que “nadie podrá detener nuestra campaña contra la impunidad, porque nuestra lucha no es sólo por Acteal, sino para todas las masacres y represiones contra nuestros pueblos de México. No descansaremos hasta ver finalmente aplicada la justicia, sea contra quien sea, y sin discriminaciones”.

Recordó que un día antes del crimen, “en la comunidad Quextic Centro –cercana a Acteal– se reunieron los paramilitares para planear la masacre de Acteal y uno de los dirigentes paramilitares dijo: ‘no tengan miedo, vamos a ganar, tenemos el apoyo de la policía, así que no se preocupen’. ¿Y de dónde depende la policía, del grupo de autodefensa? ¿O del Estado? Para ampliar un poco más el panorama, este testigo fue a la Subprocuraduría de Justicia Indígena en San Cristóbal de las Casas a denunciar lo que estaba planeado contra los hombres y mujeres de Acteal, justo en el mero día de la masacre, y en esa institución le dijeron: ‘regresa otro día, estamos en vacaciones’”.

Abundó: “después que los paramilitares dejaron masacrados a nuestros compañeros, esa misma noche los señores Jorge Enrique Hernández, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado; David Gómez, subprocurador de Justicia Indígena, y el subsecretario general del Gobierno, Uriel Jarquín, llegaron a levantar los cadáveres lo más rápido que pudieron antes de que llegara la prensa, según declaraciones ante la PGR (Procuraduría General de la República) de Antonio del Carmen López Nuricumbo, comandante de la zona Chenalhó de Seguridad Pública. ¿Si la masacre fue por un problema intercomunitario o religioso, por qué estos funcionarios tenían tanto miedo que la prensa viera este hecho?”.

Luego de insistir en que los gobiernos posteriores a la matanza, incluidos los del “cambio”, no han hecho justicia, la organización Las Abejas sostuvo que “el tiempo y el espacio nos han dado lugar para que nuestra memoria y corazón luchen contra la impunidad de la masacre de Acteal. Aquí seguimos levantando nuestra voz hasta que sea escuchada y que los responsables sean al fin castigados conforme a derecho”.

A 10 años de Acteal continúa la impunidad

A 10 años de Acteal continúa la impunidad
Iñaki García*

Este 22 de diciembre próximo se cumplen 10 años de la masacre de Acteal, en la que murieron asesinados 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, a manos de paramilitares. Este hecho criminal ocurrió en un contexto de violencia social y política denunciado de forma exhaustiva sin que nada se hiciera por impedirlo. Como quedó sobradamente probado, la responsabilidad intitucional fue condición indispensable para que ocurriera. Sí tuvo sus costos políticos para el gobierno mexicano, debido a la gran respuesta nacional e internacional por la indignación que provocó la matanza de civiles desarmados. Con este hecho Ernesto Zedillo perdió la presidencia de la OMC, Emilio Chuayffet la Secretaría de Gobernación y Julio César Ruiz Ferro la gubernatura de Chiapas.

A la fecha han sido juzgados y condenados algunos de los autores de la masacre, pero no los responsables intelectuales. Diez años después las cosas no siguen igual, sino peor. El gran poeta chiapaneco Juan Bañuelos, persona de calidad humana intachable, definió el crimen como la crónica de una muerte anunciada.

Pocos días antes del 22 de diciembre, la Unión Europea hizo público un informe sobre la situación de los derechos humanos en México en el que afirmaba que la situación era positiva. Este informe fue condición indispensable para que se firmara el Acuerdo Preferencial de Libre Comercio entre México y la propia Unión Europea; eso sí, con una claúsula sobre derechos humanos que podía poner en cuestión dicho acuerdo. La sociedad civil internacional respondió creando la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que realizó su primera visita en febrero de 1998 para observar sobre el terreno la situación y realizar un informe basado en las entrevistas con todos los actores del conflicto.

El informe fue demoledor frente a la tesis institucional de conflicto intercomunitario y religioso: los hechos demostraban que la responsabilidad de la masacre recaía en un grupo paramilitar dotado de armas de alto poder, de uso exclusivo del ejército, amparado en la connivencia institucional tanto del PRI como del ejército y la policía, que afectaba a los diferentes niveles del Estado. De acuerdo con los datos y testimonios recabados por la CCIODH, hay responsabilidad municipal, estatal y federal en la existencia, entrenamiento y acción de los grupos paramilitares en Chenalhó que perpetraron la matanza.
La masacre de Acteal no solamente fue la excusa para castigar la resistencia de las comunidades indígenas rebeldes, sino que posibilitó la militarización del estado, justificada como garante de la paz ante el supuesto conflicto intracomunitario. Provocó la existencia de miles de desplazados internos por causa de la violencia paramilitar en la región, así como el desarrollo de lo que se vino a llamar guerra de baja intensidad del Estado en contra de las comunidades indígenas zapatistas.

Una ola de indignación recorrió el mundo; cientos de acciones y manifestaciones se realizaron en todo el planeta en solidaridad con los pueblos indígenas de Chiapas y con las víctimas de Acteal. José Saramago y Susan Sontag no tuvieron palabras para describir el dolor que encontraron en Acteal. Las instituciones internacionales se manifestaron en la exigencia de justicia y esclarecimiento de los hechos. El Parlamento Europeo y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos también lo hicieron, emplazando al gobierno mexicano a castigar el crimen y terminar con los ataques y hostigamientos contra las comunidades.

¿Cuál es el balance 10 años después? No se ha hecho justicia en Acteal, el conflicto de Chiapas sigue abierto y agravándose en los últimos tiempos por el resurgimiento de la actividad de los grupos paramilitares, que nunca han sido reconocidos como tales por el gobierno de México. La militarización se mantiene sin ninguna excusa que la justifique y las causas sociales, culturales y políticas que provocaron el conflicto siguen sin ser resueltas.

Recordar Acteal es evocar El Bosque, Aguas Blancas, El Charco, Atenco y Oaxaca. En todos ellos la misma respuesta represiva del gobierno ante los conflictos sociales no resueltos. Son intentos oficiales por desmantelar la protesta social por medio de la fuerza. El fracaso es evidente. Insistir en estas respuestas no hace sino violentar los derechos humanos de las personas y los pueblos, acrecentar la violencia y cerrar el paso a realizar cambios profundos en el camino hacia una mayor justicia y libertad.

La impunidad en la que se mueven los responsables de estos delitos, no sólo en México, sino en tantos lugares del mundo, se confronta con los deseos de muchas personas que no cejarán en su demanda de justicia. La Columna de la Infamia, presente en Acteal, es un símbolo de la indignación que aún se recuerda y está presente para que nunca más ocurran.

Seguiremos vigilantes para dar respuesta a la vigencia de los derechos humanos, acompañando el dolor de las víctimas y atentos a lo que viene para conseguir lo que ya entonces fue dicho: una paz con justicia y dignidad.

* Miembro de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos

Contrainsurgencia intelectual a modo

Contrainsurgencia intelectual a modo
Gilberto López y Rivas

La publicación de la primera parte de un texto de Héctor Aguilar Camín –“Regreso a Acteal” (Nexos, octubre de 2007)–, que motivó una reacción de Luis Hernández Navarro en las páginas de nuestro periódico (“El retorno de Galio Bermúdez”, La Jornada, 9/10/07), así como intercambios epistolares en El Correo Ilustrado al respecto con un ex miembro de la Liga 23 de Septiembre que devino en empleado de la Secretaría de Gobernación, obligan a una definición de quienes ocupamos cargos de representación popular en el momento en que se cometió ese crimen de lesa humanidad.

Como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), y con la asesoría de la abogada Digna Ochoa, presenté el 30 de abril de 1999 una demanda en la Procuraduría General de la Republica (PGR) acerca de la existencia en Chiapas de grupos paramilitares, uno de los cuales había perpetrado la masacre de Acteal en diciembre de 1997. En la demanda denuncie la puesta en práctica de una estrategia de guerra irregular o contrainsurgente por militares mexicanos, adiestrados algunos de ellos en la Escuela de las Américas, como el ex comandante de la séptima Región Militar, Mario Renán Castillo. La demanda considera la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mandos de la Sedena. Uno de ellos fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien en junio de 1998, bajo el expediente 96/98, declaró y admitió ante la PGR “que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalho”, pero agregó una aclaración significativa: “es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que los elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer, además todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de un superior.”

En la citada demanda estipulaba que “los paramilitares son ahora la fuerza de contención activa en Chiapas. Mientras que el Ejército se ha desplegado como una fuerza de contención pasiva, los paramilitares han estado dedicados a hostigar con acciones armadas a las bases de apoyo zapatistas, a líderes agrarios y a obispos y sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. La cooperación de los militares y policías supondría la aplicación de una táctica militar de contraguerrilla conocida como ‘yunque y martillo’, la cual consiste en que el ejército e instituciones policiacas adoptan la función de fuerzas de contención (yunque) y permiten realizar la función de golpeo de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes.”

Los grupos paramilitares son aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que ello implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia. Existen víctimas, hechos de sangre, como el de Acteal, pero ningún gobierno mexicano ha reconocido nunca la existencia de grupos paramilitares, porque sería reconocer la paternidad de esas masacres y actos represivos.

Nunca se reconoció, por ejemplo, la existencia de la Brigada Blanca, acaso la organización paramilitar clandestina más importante que creó el gobierno mexicano para aniquilar a la guerrilla urbana entre 1976 y 1983. La Brigada Blanca tuvo su cuartel general en el Campo Militar Número Uno y fue dirigida por dos coroneles del Ejército Mexicano. Era una organización policiaco-militar en la que participaban la Dirección Federal de Seguridad, la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la Policía Judicial Federal y la Policía Judicial Federal Militar. Fue responsable de la desaparición de cerca de 500 personas y de la muerte de la mayoría de los integrantes de la guerrilla en ese periodo. Ninguna muerte se investigó. Ningún miembro de la Brigada Blanca fue arrestado en esos años o señalado por el Estado como responsable de ningún delito. Los halcones fueron uno de los primeros grupos paramilitares que se crearon por iniciativa de oficiales del Ejército, además de los militares que actuaron de civiles en el Batallón Olimpia el 2 de octubre de 1968. Los integrantes del primero eran jóvenes pandilleros con entrenamiento y jefatura militar, dedicados al control, infiltración y destrucción del movimiento estudiantil. Está plenamente documentado que este grupo fue creado por un coronel del Ejército Mexicano, cuyos servicios fueron premiados después con la impunidad y el ascenso militar. Ha sido documentado también que en su definición de misiones y coordinación participaron autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación y de la Defensa Nacional.

Junto con la demanda presenté documentos probatorios o de sustentación de la misma, dentro de los cuales estaba el Manual de guerra irregular, editado por la Sedena, en la que se denomina como “personal civil” a los paramilitares bajo el mando castrense, así como informes de la Sección Segunda del Ejército (Inteligencia Militar) que probaban la infiltración de ésta en grupos de la sociedad civil chiapaneca y de la diócesis de San Cristóbal. Obviamente la demanda no prosperó y la fiscalía creada para investigar a los llamados eufemísticamente por la PRG “grupos de civiles presuntamente armados” desapareció sin pena ni gloria. Ahora, Aguilar Camín y su defensor de oficio denominan a los paramilitares “grupos civiles de autodefensa”, en lo que parece ser el encubrimiento intelectual de un crimen de Estado.

Sobre un artículo que habla de Acteal ...

El retorno de Galio Bermúdez
Luis Hernández Navarro

Como si no tuviera suficientes problemas de verdad sin resolver, el presidente Calderón ha añadido a su lista uno más que no lo es: revisar el estado procesal de los expedientes relacionados con la matanza de Acteal.

El nuevo frente de guerra proviene del acuerdo electoral pactado con la agrupación política de inspiración evangélica Encuentro Social. A cambio de promover activamente el voto a favor del Partido Acción Nacional (PAN) en los comicios presidenciales del año pasado, el partido le otorgó 13 posiciones federales.

El anuncio de la alianza fue hecho el 28 de febrero del año pasado. El resolutivo que registra el acuerdo de participación entre ambas fuerzas políticas se publicó el 11 de abril. En éste, el PAN se comprometió a “revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal”.

En la historia de la ignominia contemporánea, Acteal, Chiapas, ocupa un lugar destacado. El asesinato de 45 hombres, mujeres y niños, que rezaban por la paz en una abadía el 22 de diciembre de 1997, a manos de un grupo paramilitar priísta, es una herida que no cicatriza. Del crimen fueron acusados 124 personas, aunque los grandes responsables siguen libres.

La historia de la asociación política aliada a Felipe Calderón se remonta a 2002. El 4 de septiembre de ese año, integrantes de la Iglesia evangélica anunciaron la intención de fundar el Partido Encuentro Social, dirigido por el pastor Eric Hugo Flores.

Encuentro Social ha promovido activamente la libertad de muchos de los asesinos responsables de la matanza. Con ese afán elaboró, con dinero público, El otro Acteal. El 30 de abril de 2004 el Instituto Federal Electoral no aceptó la justificación de gastos que la asociación presentó, a cuenta de sus prerrogativas, para elaborar el libro.

Casualmente, en junio y diciembre de 2006 Nexos publicó dos adelantos de Acteal: la otra injusticia, de Eric Hugo Flores, escrito en colaboración con Alejandro Posadas, defendiendo a los detenidos por la masacre. El 24 de diciembre de 2006, El Universal difundió un artículo de Flores que repite, en lo esencial, los argumentos esgrimidos en la revista.

Un día antes del noveno aniversario de la masacre, la asociación política Alternativa Ciudadana 21 y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) informaron que habían asumido la defensa de 75 de los detenidos de Acteal y emplazaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer nuevos parámetros de actuación en el caso. Entre quienes anunciaron las acciones se encontraba Héctor Aguilar Camín.

La ofensiva mediática para cambiar en la opinión pública la percepción sobre el crimen no tuvo éxito: fue sepultada por el conflicto poselectoral de ese año. Sin embargo, a tres meses del décimo aniversario, sus promotores vuelven a la carga. Una nueva iniciativa ha sido promovida por Aguilar Camín desde las páginas de Nexos, donde publica la primera de tres entregas de un trabajo titulado El regreso de Acteal. Allí reconoce que el origen de su crónica proviene del manuscrito de un libro en preparación de Eric Hugo Flores.

Según Nexos, en el texto de Aguilar Camín “confluyen el arte del historiador aplicado a la historia reciente y la seriedad del periodista que antepone la investigación de los hechos a las teorías…” No es así. La primera entrega del escrito difícilmente corrobora ese juicio. Por el contrario, se trata de un intento fallido por rescribir la historia a modo, por maquillarla, que recoge la línea argumental central del Libro Blanco de la Procuraduría General de la República (PGR), descalificado por Amnistía Internacional.

El regreso de Acteal cita reiteradamente como fuentes autorizadas dos trabajos elaborados por ex guerrilleros convertidos en policías y agentes de la contrainsurgencia chiapaneca. El primero es Camino a Acteal, de Gustavo Hirales, panfleto escrito con más pena que gloria, considerado, por su impúdica falsificación de los hechos, como una nueva versión del El móndrigo, el libro elaborado desde las cloacas del poder para desprestigiar al movimiento estudiantil de 1968.

El segundo es un informe de Manuel Anzaldo. Delator de sus compañeros de la Liga 23 de Septiembre, dirigente del Partido Cardenista en Chenalhó, señalado como dirigente del grupo civil armado Máscara Roja, es defensor de los paramilitares encarcelados. “Pedimos –dijo– amnistía para todos los grupos que se armaron para proteger sus propiedades de los zapatistas.”

La crónica de Aguilar Camín está plagada de errores, omisiones y tergiversaciones históricas. En su afán por ocultar la existencia de paramilitares auspiciados por el gobierno, se empeña en presentar la matanza como fruto de una dinámica de conflictos intracomunitarios desatados por la presencia zapatista en el municipio y la intolerancia religiosa.

Los ejemplos de sus gazapos abundan. Menciono, por cuestión de espacio, tan sólo dos. El relato comienza narrando la muerte del priísta Agustín Vázquez, uno de los hechos que agudizaron el conflicto en Chenalhó, pero evade mencionar las versiones que señalan que, muy probablemente, el crimen fue responsabilidad de sus compañeros de partido, puesto que Vázquez se negó a cooperar económicamente con el financiamiento del grupo paramilitar. De la misma manera, a pesar de las continuas referencias que hace a las vertientes religiosas del crimen, no informa que entre los detenidos por la matanza hay presbiterianos y bautistas, pero también católicos y “sin religión” o “costumbre tradicional”.

Héctor Aguilar Camín tiene un largo historial de servicios al Príncipe. En La terca memoria, Julio Scherer recuerda el papel del historiador como intelectual orgánico del régimen de Salinas y su salto mortal a la causa de Ernesto Zedillo. Fabricio Mejía explicó a Proceso, en 1998, la función que desempeñó en la confección de La rebelión de las cañadas.

En La Guerra de Galio, Aguilar Camín cuenta la vida de Galio Bermúdez, un sórdido escribano que, desde los sótanos del poder, se encarga de hacerle el trabajo sucio al régimen. Regreso a Acteal es el retorno de Galio Bermúdez a la política mexicana.