Acteal, 10 años de Impunidad_Gruppe B.A.S.T.A.
Peregrinación del Pueblo Creyente en San Cristóbal
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Los asesinos de Acteal: ¿por qué este caso y no otros?
Los asesinos de Acteal: ¿por qué este caso y no otros?
Federico Anaya Gallardo*/ I
Dolores Camacho Velázquez y Arturo Lomelí González en su artículo “Acteal: algunos trasfondos del debate” (La Jornada, 22/12/07) hacen cuestionamientos pertinentes sobre el intento revisionista de la matanza de Acteal. Se preguntan por la intención de los defensores de los asesinos ya sentenciados: “¿por qué luchar por la vía jurídica, si como dicen hay tantas fallas en el proceso?”
El pasado 17 de diciembre, en conferencia de prensa organizada por Ricardo Raphael, dirigente de la asociación política nacional Alternativa Ciudadana, los defensores de los asesinos presentaron su caso a la prensa capitalina. El director del área de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE) explicó que esa institución pública –dependiente de la Secretaría de Educación Pública, (SEP)– tomó la defensa porque las supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia eran tan graves que lo hacían un caso paradigmático. Se trata de demostrar, dijo, mediante este ejemplo gravísimo, que los sistemas mexicanos de investigación criminal, procuración de justicia y castigo de los delincuentes son completamente inadecuados.
En abstracto, esta explicación del CIDE responde sobradamente el cuestionamiento de Camacho y Lomelí. Pero nos deja mal sabor de boca. Sucede que hay muchos otros casos paradigmáticos que se ajustarían a los criterios del CIDE. ¿Por qué tomar este caso y no otros? El CIDE no dijo nada cuando se cuestionó esto en la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque responder develaría necesariamente la afiliación política de la defensa y le haría perder la aureola de defensores puros de la ley con que se presentan.
La defensa de los asesinos ha tratado de velar su identidad política, pero hay suficientes elementos públicos que nos la muestran. Ya Luis Hernández Navarro documentó el pacto político entre Hugo Eric Flores Cervantes (profesor del CIDE, dirigente de una asociación política nacional de filiación evangélica y origen intelectual de la versión de la defensa) con el PAN durante la campaña presidencial de 2006 (“Dios los hace y la Presidencia los junta”, 24/12/07). Ese pacto incluía revisar el estado procesal de los expedientes de la matanza de Acteal. Calderón ha cumplido: la revisión la ha hecho el CIDE. Pero hay más. Se argumenta que ante la manifiesta inocencia de muchos de los indígenas sentenciados es éticamente imposible desdeñar este caso por ser “políticamente incorrecto”. Esto, en referencia a que lo “socialmente aceptable” en Chiapas es atacar al gobierno y a sus aliados en la lucha contra zapatistas y otros opositores. Esto lo ha manifestado en muchas ocasiones la abogada Ana Laura Magaloni, cabeza de la clínica jurídica del CIDE. El mismo día de la conferencia de prensa organizada por Alternativa Ciudadana, en el programa Espiral que conduce Raphael en Canal 11 (emisora pública del Instituto Politécnico Nacional, otro organismo de la SEP federal) aparecieron, en calidad de colaboradores, los abogados del CIDE y Héctor Aguilar Camín. La conducción de Raphael facilitó que Magaloni presentara el caso judicial mientras Aguilar Camín desplegaba el caso político, incluida su ya muy trillada interpretación de que los zapatistas son los responsables últimos de toda la violencia ocurrida en Chiapas desde 1994. Lo más interesante de la emisión, sin embargo, fue la clara afirmación de Magaloni de que a partir de las pruebas existentes en el expediente no es posible hablar de la existencia de grupos paramilitares en Chenalhó. Esta misma posición la manifestó de nuevo, el mismo día, en Contrapunto (Canal 2 de Televisa), donde ella se presentó junto con Raphael en una mesa moderada por Denise Maerker y en la que ambos debatieron con Luis Hernández Navarro.
Una semana antes, Magaloni y Aguilar Camín habían aparecido como entrevistados, manifestando las mismas posiciones, en el reportaje sobre la inocencia de los asesinos sentenciados que realizó el martes 11 de diciembre el programa El Rotativo, de Canal 22, otra emisora pública (dependiente del CNCA, también organismo de la SEP y, por cierto, frecuencia ligada históricamente al grupo Nexos que encabeza Aguilar Camín). De hecho, el anuncio de la conferencia de prensa de Alternativa Ciudadana se dio en esa emisión de El Rotativo. Estamos, pues, ante una liga o coalición de organismos públicos federales (CIDE, Canal 11, Canal 22) e intelectuales involucrados directa o indirectamente en política partidista y pública (Raphael como parte de Alternativa Ciudadana y ombudsman del televidente en Canal 11, y Aguilar Camín como consejero áulico de ya varias presidencias). Con la excusa de un caso paradigmático, esta coalición desliza en cadena nacional una y otra vez dos especies: una, que el neozapatismo es el generador original de la violencia en Chiapas; otra, que es imposible demostrar legalmente que haya habido (y haya) grupos paramilitares en Chiapas. Recapitulemos ahora. ¿Por qué defender a los asesinos de Acteal y no a las muchas decenas de perredistas, zapatistas y opositores que, en los mismos años, fueron (y son) acusados incorrecta y frívolamente por las procuradurías estatal y federal? Éstos también podrían ser casos paradigmáticos de acuerdo con los criterios del CIDE. Respuesta: porque el caso paradigmático de los asesinos de Acteal es la única causa penal seria abierta en contra de los paramilitares y la única que tendría el potencial de demostrar la responsabilidad política del Ejército Mexicano y del gobierno de la República en la campaña contrainsurgente desplegada desde 1994 (y hasta nuestros días) contra el zapatismo chiapaneco.
La defensa de los asesinos correctamente diagnostica que la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) es defectuosa, que su versión de los hechos no se sostiene y que, ante la duda, debería haber imperado el principio garantista de in dubio pro reo. Hasta aquí, nadie en su sano juicio se opondría a tal exposición. Pero notemos cómo los defensores de la revisión histórica deslizan otra idea: que de las pruebas recabadas por la PGR tampoco puede demostrarse la existencia de grupos paramilitares. Efectivamente, si la acusación no puede demostrar la culpabilidad de los autores materiales, mucho menos podría demostrar que éstos formaban una asociación delictuosa (grupo paramilitar) ni la colusión de servidores públicos con ese grupo armado. Por cierto, este defecto de la acusación fue el único reconocido por los tribunales federales cuando en apelación eliminaron la imputación de asociación delictuosa en 1998; hecho que Las Abejas ha venido denunciando desde entonces.
Lo sospechoso es que ni el CIDE ni Canal 11 ni Canal 22 ni Raphael ni Aguilar Camín reaccionan de la misma manera ante esa también terrible injusticia. No hay en su discurso un reclamo consistente, ni serio, para que se investigue la existencia de los grupos armados que operaban y operan en contra de los zapatistas y de cualquier opositor al gobierno. No nos extrañemos: estas personas no pueden asumir esta actitud porque a quien defienden es precisamente a quien es responsable último de la política, violatoria de la ley, la Constitución y los derechos humanos, que fomentó a esos paramilitares.
* Abogado, ex miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y ex representante legal de la diócesis de San Cristóbal de las Casas
Dolores Camacho Velázquez y Arturo Lomelí González en su artículo “Acteal: algunos trasfondos del debate” (La Jornada, 22/12/07) hacen cuestionamientos pertinentes sobre el intento revisionista de la matanza de Acteal. Se preguntan por la intención de los defensores de los asesinos ya sentenciados: “¿por qué luchar por la vía jurídica, si como dicen hay tantas fallas en el proceso?”
El pasado 17 de diciembre, en conferencia de prensa organizada por Ricardo Raphael, dirigente de la asociación política nacional Alternativa Ciudadana, los defensores de los asesinos presentaron su caso a la prensa capitalina. El director del área de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE) explicó que esa institución pública –dependiente de la Secretaría de Educación Pública, (SEP)– tomó la defensa porque las supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia eran tan graves que lo hacían un caso paradigmático. Se trata de demostrar, dijo, mediante este ejemplo gravísimo, que los sistemas mexicanos de investigación criminal, procuración de justicia y castigo de los delincuentes son completamente inadecuados.
En abstracto, esta explicación del CIDE responde sobradamente el cuestionamiento de Camacho y Lomelí. Pero nos deja mal sabor de boca. Sucede que hay muchos otros casos paradigmáticos que se ajustarían a los criterios del CIDE. ¿Por qué tomar este caso y no otros? El CIDE no dijo nada cuando se cuestionó esto en la conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque responder develaría necesariamente la afiliación política de la defensa y le haría perder la aureola de defensores puros de la ley con que se presentan.
La defensa de los asesinos ha tratado de velar su identidad política, pero hay suficientes elementos públicos que nos la muestran. Ya Luis Hernández Navarro documentó el pacto político entre Hugo Eric Flores Cervantes (profesor del CIDE, dirigente de una asociación política nacional de filiación evangélica y origen intelectual de la versión de la defensa) con el PAN durante la campaña presidencial de 2006 (“Dios los hace y la Presidencia los junta”, 24/12/07). Ese pacto incluía revisar el estado procesal de los expedientes de la matanza de Acteal. Calderón ha cumplido: la revisión la ha hecho el CIDE. Pero hay más. Se argumenta que ante la manifiesta inocencia de muchos de los indígenas sentenciados es éticamente imposible desdeñar este caso por ser “políticamente incorrecto”. Esto, en referencia a que lo “socialmente aceptable” en Chiapas es atacar al gobierno y a sus aliados en la lucha contra zapatistas y otros opositores. Esto lo ha manifestado en muchas ocasiones la abogada Ana Laura Magaloni, cabeza de la clínica jurídica del CIDE. El mismo día de la conferencia de prensa organizada por Alternativa Ciudadana, en el programa Espiral que conduce Raphael en Canal 11 (emisora pública del Instituto Politécnico Nacional, otro organismo de la SEP federal) aparecieron, en calidad de colaboradores, los abogados del CIDE y Héctor Aguilar Camín. La conducción de Raphael facilitó que Magaloni presentara el caso judicial mientras Aguilar Camín desplegaba el caso político, incluida su ya muy trillada interpretación de que los zapatistas son los responsables últimos de toda la violencia ocurrida en Chiapas desde 1994. Lo más interesante de la emisión, sin embargo, fue la clara afirmación de Magaloni de que a partir de las pruebas existentes en el expediente no es posible hablar de la existencia de grupos paramilitares en Chenalhó. Esta misma posición la manifestó de nuevo, el mismo día, en Contrapunto (Canal 2 de Televisa), donde ella se presentó junto con Raphael en una mesa moderada por Denise Maerker y en la que ambos debatieron con Luis Hernández Navarro.
Una semana antes, Magaloni y Aguilar Camín habían aparecido como entrevistados, manifestando las mismas posiciones, en el reportaje sobre la inocencia de los asesinos sentenciados que realizó el martes 11 de diciembre el programa El Rotativo, de Canal 22, otra emisora pública (dependiente del CNCA, también organismo de la SEP y, por cierto, frecuencia ligada históricamente al grupo Nexos que encabeza Aguilar Camín). De hecho, el anuncio de la conferencia de prensa de Alternativa Ciudadana se dio en esa emisión de El Rotativo. Estamos, pues, ante una liga o coalición de organismos públicos federales (CIDE, Canal 11, Canal 22) e intelectuales involucrados directa o indirectamente en política partidista y pública (Raphael como parte de Alternativa Ciudadana y ombudsman del televidente en Canal 11, y Aguilar Camín como consejero áulico de ya varias presidencias). Con la excusa de un caso paradigmático, esta coalición desliza en cadena nacional una y otra vez dos especies: una, que el neozapatismo es el generador original de la violencia en Chiapas; otra, que es imposible demostrar legalmente que haya habido (y haya) grupos paramilitares en Chiapas. Recapitulemos ahora. ¿Por qué defender a los asesinos de Acteal y no a las muchas decenas de perredistas, zapatistas y opositores que, en los mismos años, fueron (y son) acusados incorrecta y frívolamente por las procuradurías estatal y federal? Éstos también podrían ser casos paradigmáticos de acuerdo con los criterios del CIDE. Respuesta: porque el caso paradigmático de los asesinos de Acteal es la única causa penal seria abierta en contra de los paramilitares y la única que tendría el potencial de demostrar la responsabilidad política del Ejército Mexicano y del gobierno de la República en la campaña contrainsurgente desplegada desde 1994 (y hasta nuestros días) contra el zapatismo chiapaneco.
La defensa de los asesinos correctamente diagnostica que la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) es defectuosa, que su versión de los hechos no se sostiene y que, ante la duda, debería haber imperado el principio garantista de in dubio pro reo. Hasta aquí, nadie en su sano juicio se opondría a tal exposición. Pero notemos cómo los defensores de la revisión histórica deslizan otra idea: que de las pruebas recabadas por la PGR tampoco puede demostrarse la existencia de grupos paramilitares. Efectivamente, si la acusación no puede demostrar la culpabilidad de los autores materiales, mucho menos podría demostrar que éstos formaban una asociación delictuosa (grupo paramilitar) ni la colusión de servidores públicos con ese grupo armado. Por cierto, este defecto de la acusación fue el único reconocido por los tribunales federales cuando en apelación eliminaron la imputación de asociación delictuosa en 1998; hecho que Las Abejas ha venido denunciando desde entonces.
Lo sospechoso es que ni el CIDE ni Canal 11 ni Canal 22 ni Raphael ni Aguilar Camín reaccionan de la misma manera ante esa también terrible injusticia. No hay en su discurso un reclamo consistente, ni serio, para que se investigue la existencia de los grupos armados que operaban y operan en contra de los zapatistas y de cualquier opositor al gobierno. No nos extrañemos: estas personas no pueden asumir esta actitud porque a quien defienden es precisamente a quien es responsable último de la política, violatoria de la ley, la Constitución y los derechos humanos, que fomentó a esos paramilitares.
* Abogado, ex miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y ex representante legal de la diócesis de San Cristóbal de las Casas
Federico Anaya Gallardo/II y última
Camacho y Lomelí nos dicen en “Acteal: algunos trasfondos del debate (La Jornada, 22/12/07)” que “ante una masacre como la ocurrida, donde las acciones fueron colectivas, es difícil, según han señalado los especialistas, determinar quién disparó a una persona en específico y quién no; es un crimen en colectivo contra un colectivo”. Precisamente por ello es que enredarse, como hace el Centro de Investigación y Docencia Eeconómicas (CIDE), en la defensa puntillista de los procedimientos penales del caso Acteal es caer en una trampa diabólica.
Al aplicar el derecho y perseguir los delitos existe una diferencia radical entre situaciones de paz y guerra. En tiempos de paz la violencia social se manifiesta de modo individualizado, y en un porcentaje alto de los casos es posible establecer responsables individuales para cada hecho violento. En este contexto se deben aplicar los principios de debido proceso y presunción de inocencia. Su estándar debe ser muy alto: cualquier duda respecto de la responsabilidad individual debe resolverse declarando la inocencia del acusado. Cosa distinta ocurre en situaciones de guerra. Aquí la violencia se da de modo colectivo, y la determinación de responsabilidades individuales se vuelve difícil, cuando no imposible. Aplicar en estos casos un estándar alto de presunción de inocencia conllevaría la absolución automática de todos los implicados. Hay una notable excepción: la de quienes están al mando de los grupos armados. Los tribunales que juzgan crímenes de guerra no suelen procesar combatientes individuales, sino a quienes los dirigen. Pero de nueva cuenta el carácter colectivo de las acciones de guerra impide determinar claramente una responsabilidad criminal individualizada. Por ello los mandos de las bandas armadas no son juzgados por homicidios o lesiones específicas. Se les juzga por provocar el estado de guerra y por ordenar o permitir homicidios y lesiones.
Veamos el artículo 37 del Código Penal federal, que castiga el delito de rebelión. El segundo párrafo de esa norma señala: “los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate…” El Legislativo reconoce aquí el problema de establecer responsabilidades individualizadas y elimina la responsabilidad penal. Pero la misma norma afirma que la responsabilidad de los mandos es grave. A renglón seguido, agrega que de los homicidios y lesiones que se causen fuera de combate “serán responsables tanto el que los mande como el que los permita y los que inmediatamente los ejecuten…” Primero es responsable el mando que ordena o permite, y sólo después (si es posible determinar la responsabilidad individualizada) quien ejecuta.
Aun para hacer la guerra hay reglas. Toda guerra sucia es de suyo ilegal. En combate, cuando la violencia colectiva está desatada, matar y herir no es delito. Fuera del combate, matar y herir es un crimen. Ésta es la situación del caso Acteal, de acuerdo con todos. Inclusive, Aguilar Camín reconoce que luego de una supuesta batalla los agresores siguieron atacando a civiles indefensos (Nexos, diciembre 2007, y programa Espiral del 17 de diciembre de 2007 en Canal 11). De este tipo de delitos el primer responsable es quien los ordenó o quien los permitió. En Acteal, de acuerdo con la versión del propio Aguilar Camín, quienes permitieron esos ilícitos fueron las autoridades municipales de Chenalhó y los gobiernos de Chiapas y de la República (Nexos, noviembre de 2007).
La existencia material de los paramilitares en Chiapas ha sido probada multitud de veces en informes de organismos defensores de derechos humanos y reportes de prensa confirmados. Hay noticias ciertas de que la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró en 1994 un Plan de Campaña, que incluía la formación de grupos civiles armados leales al gobierno, como parte de su estrategia para vencer a los rebeldes zapatistas (Marín, Delgado y M. Scherer, Proceso 1105 y 1106, enero de 1998. Marín, Milenio Semanal 172, 1/01/01). El gobierno federal ha evadido sistemáticamente este tema, porque aceptar que existe una relación entre ese plan de campaña militar y los paramilitares sería confesar que ignoró la Constitución, que obligaba a la Presidencia de la República a solicitar al Congreso una ley de suspensión de garantías que le indicase cómo enfrentar a los rebeldes en 1994 y, luego de 1995, que violó la Ley para el Diálogo, aprobada por el Congreso en 1995.
Esta última norma reconoce lo que Camacho y Lomelí dicen: en Chiapas estamos ante hechos de violencia colectiva, que no pueden ser atendidos con el sistema legal propio de los tiempos de paz. La Ley para el Diálogo es una disposición de tiempos de guerra, pero no suspende garantías. Hace algo mejor: establece un mecanismo de negociación complejo, que permita detener las hostilidades ya desencadenadas y atender los problemas sociales que originaron la insurrección indígena. Precisamente esto hace más grave su violación por parte de la administración de Ernesto Zedillo, quien permitió que bandas armadas leales a su gobierno atacaran al zapatismo y a cualquier otro opositor, minando el proceso de diálogo ordenado por la ley. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) abandonó las conversaciones en septiembre de 1996, señalando como causa las acciones paramilitares de Paz y Justicia. Suspendidas las negociaciones, el Ejército buscaba una excusa para atacar abiertamente a su enemigo. Los ataques de las bandas armadas en Chenalhó buscaban eso exactamente: una respuesta de los zapatistas, que justificara un contrataque. Correctamente, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) denunció la estrategia del Ejecutivo (véanse los testimonios de Martínez Veloz en La Jornada).
La Ley para el Diálogo de 1995 refleja dos realidades contradictorias. Una, la voluntad pacifista de la sociedad mexicana, que desde 1994 (y hasta ahora) se ha opuesto tanto a la violencia revolucionaria del EZLN como a la represión gubernamental. Otra, el fracaso del intento de Zedillo por descabezar la insurgencia zapatista en febrero de 1995. Ambas realidades ayudan a entender lo que es “políticamente correcto” en el México posterior al zapatismo. La insurrección del EZLN ha sido reconocida como legítima por el Congreso de la Unión. Por tanto, más allá de su ilegalidad, los rebeldes, su causa y su agenda social pueden ser (y son) aceptadas públicamente por la mayoría de los mexicanos.
Se trata, sin duda, de una situación enojosa. La Ley para el Diálogo regula una situación de excepción. La decisión de Zedillo y del Ejército Mexicano de violarla, apoyando a los paramilitares, ha obligado a mantener la situación de excepción por tres lustros. La situación es especialmente molesta para personas que hace mucho abjuraron de la vía de las armas, luego de tomarlas (como Hirales) o pese a nunca haberlo hecho (Aguilar Camín). Esto explica la virulencia con que estos intelectuales quieren demostrar la “culpabilidad” zapatista en toda la violencia chiapaneca. No entienden que el Congreso ordenó suspender la persecución penal de culpables y dialogar. No entienden que si hay un culpable, es el Ejecutivo federal por desobedecer una orden directa de la soberanía democrática.
La situación de excepcionalidad jurídica de Chiapas también molesta a los abogados formalistas, como los del CIDE. Al tomar la defensa de los asesinos de Acteal, presentan su caso como paradigma de la injusticia del sistema penal mexicano. No puede ser paradigma, porque Acteal nace de una situación de excepción por vía doble: primero, la excepcionalidad regulada por la Ley del Diálogo, y, segundo, por la excepcionalidad creada por la violación que hizo Zedillo de esa ley. Si el CIDE no comprende esto será, lo quiera o no, cómplice de una de las partes beligerantes (el gobierno federal) en un conflicto armado que no se ha resuelto.
Camacho y Lomelí nos dicen en “Acteal: algunos trasfondos del debate (La Jornada, 22/12/07)” que “ante una masacre como la ocurrida, donde las acciones fueron colectivas, es difícil, según han señalado los especialistas, determinar quién disparó a una persona en específico y quién no; es un crimen en colectivo contra un colectivo”. Precisamente por ello es que enredarse, como hace el Centro de Investigación y Docencia Eeconómicas (CIDE), en la defensa puntillista de los procedimientos penales del caso Acteal es caer en una trampa diabólica.
Al aplicar el derecho y perseguir los delitos existe una diferencia radical entre situaciones de paz y guerra. En tiempos de paz la violencia social se manifiesta de modo individualizado, y en un porcentaje alto de los casos es posible establecer responsables individuales para cada hecho violento. En este contexto se deben aplicar los principios de debido proceso y presunción de inocencia. Su estándar debe ser muy alto: cualquier duda respecto de la responsabilidad individual debe resolverse declarando la inocencia del acusado. Cosa distinta ocurre en situaciones de guerra. Aquí la violencia se da de modo colectivo, y la determinación de responsabilidades individuales se vuelve difícil, cuando no imposible. Aplicar en estos casos un estándar alto de presunción de inocencia conllevaría la absolución automática de todos los implicados. Hay una notable excepción: la de quienes están al mando de los grupos armados. Los tribunales que juzgan crímenes de guerra no suelen procesar combatientes individuales, sino a quienes los dirigen. Pero de nueva cuenta el carácter colectivo de las acciones de guerra impide determinar claramente una responsabilidad criminal individualizada. Por ello los mandos de las bandas armadas no son juzgados por homicidios o lesiones específicas. Se les juzga por provocar el estado de guerra y por ordenar o permitir homicidios y lesiones.
Veamos el artículo 37 del Código Penal federal, que castiga el delito de rebelión. El segundo párrafo de esa norma señala: “los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate…” El Legislativo reconoce aquí el problema de establecer responsabilidades individualizadas y elimina la responsabilidad penal. Pero la misma norma afirma que la responsabilidad de los mandos es grave. A renglón seguido, agrega que de los homicidios y lesiones que se causen fuera de combate “serán responsables tanto el que los mande como el que los permita y los que inmediatamente los ejecuten…” Primero es responsable el mando que ordena o permite, y sólo después (si es posible determinar la responsabilidad individualizada) quien ejecuta.
Aun para hacer la guerra hay reglas. Toda guerra sucia es de suyo ilegal. En combate, cuando la violencia colectiva está desatada, matar y herir no es delito. Fuera del combate, matar y herir es un crimen. Ésta es la situación del caso Acteal, de acuerdo con todos. Inclusive, Aguilar Camín reconoce que luego de una supuesta batalla los agresores siguieron atacando a civiles indefensos (Nexos, diciembre 2007, y programa Espiral del 17 de diciembre de 2007 en Canal 11). De este tipo de delitos el primer responsable es quien los ordenó o quien los permitió. En Acteal, de acuerdo con la versión del propio Aguilar Camín, quienes permitieron esos ilícitos fueron las autoridades municipales de Chenalhó y los gobiernos de Chiapas y de la República (Nexos, noviembre de 2007).
La existencia material de los paramilitares en Chiapas ha sido probada multitud de veces en informes de organismos defensores de derechos humanos y reportes de prensa confirmados. Hay noticias ciertas de que la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró en 1994 un Plan de Campaña, que incluía la formación de grupos civiles armados leales al gobierno, como parte de su estrategia para vencer a los rebeldes zapatistas (Marín, Delgado y M. Scherer, Proceso 1105 y 1106, enero de 1998. Marín, Milenio Semanal 172, 1/01/01). El gobierno federal ha evadido sistemáticamente este tema, porque aceptar que existe una relación entre ese plan de campaña militar y los paramilitares sería confesar que ignoró la Constitución, que obligaba a la Presidencia de la República a solicitar al Congreso una ley de suspensión de garantías que le indicase cómo enfrentar a los rebeldes en 1994 y, luego de 1995, que violó la Ley para el Diálogo, aprobada por el Congreso en 1995.
Esta última norma reconoce lo que Camacho y Lomelí dicen: en Chiapas estamos ante hechos de violencia colectiva, que no pueden ser atendidos con el sistema legal propio de los tiempos de paz. La Ley para el Diálogo es una disposición de tiempos de guerra, pero no suspende garantías. Hace algo mejor: establece un mecanismo de negociación complejo, que permita detener las hostilidades ya desencadenadas y atender los problemas sociales que originaron la insurrección indígena. Precisamente esto hace más grave su violación por parte de la administración de Ernesto Zedillo, quien permitió que bandas armadas leales a su gobierno atacaran al zapatismo y a cualquier otro opositor, minando el proceso de diálogo ordenado por la ley. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) abandonó las conversaciones en septiembre de 1996, señalando como causa las acciones paramilitares de Paz y Justicia. Suspendidas las negociaciones, el Ejército buscaba una excusa para atacar abiertamente a su enemigo. Los ataques de las bandas armadas en Chenalhó buscaban eso exactamente: una respuesta de los zapatistas, que justificara un contrataque. Correctamente, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) denunció la estrategia del Ejecutivo (véanse los testimonios de Martínez Veloz en La Jornada).
La Ley para el Diálogo de 1995 refleja dos realidades contradictorias. Una, la voluntad pacifista de la sociedad mexicana, que desde 1994 (y hasta ahora) se ha opuesto tanto a la violencia revolucionaria del EZLN como a la represión gubernamental. Otra, el fracaso del intento de Zedillo por descabezar la insurgencia zapatista en febrero de 1995. Ambas realidades ayudan a entender lo que es “políticamente correcto” en el México posterior al zapatismo. La insurrección del EZLN ha sido reconocida como legítima por el Congreso de la Unión. Por tanto, más allá de su ilegalidad, los rebeldes, su causa y su agenda social pueden ser (y son) aceptadas públicamente por la mayoría de los mexicanos.
Se trata, sin duda, de una situación enojosa. La Ley para el Diálogo regula una situación de excepción. La decisión de Zedillo y del Ejército Mexicano de violarla, apoyando a los paramilitares, ha obligado a mantener la situación de excepción por tres lustros. La situación es especialmente molesta para personas que hace mucho abjuraron de la vía de las armas, luego de tomarlas (como Hirales) o pese a nunca haberlo hecho (Aguilar Camín). Esto explica la virulencia con que estos intelectuales quieren demostrar la “culpabilidad” zapatista en toda la violencia chiapaneca. No entienden que el Congreso ordenó suspender la persecución penal de culpables y dialogar. No entienden que si hay un culpable, es el Ejecutivo federal por desobedecer una orden directa de la soberanía democrática.
La situación de excepcionalidad jurídica de Chiapas también molesta a los abogados formalistas, como los del CIDE. Al tomar la defensa de los asesinos de Acteal, presentan su caso como paradigma de la injusticia del sistema penal mexicano. No puede ser paradigma, porque Acteal nace de una situación de excepción por vía doble: primero, la excepcionalidad regulada por la Ley del Diálogo, y, segundo, por la excepcionalidad creada por la violación que hizo Zedillo de esa ley. Si el CIDE no comprende esto será, lo quiera o no, cómplice de una de las partes beligerantes (el gobierno federal) en un conflicto armado que no se ha resuelto.
ACTEAL: Documentos y material multimedial Encuentro Nacional Contra la Impunidad
Acteal: Más de 200 personas y más de 50 organizaciones de México y de otros países participaron al Encuentro Nacional Contra la Impunidad de Acteal organizado por la organización indígena tsotsil "Las Abejas" el 20 y 21 de diciembre de 2007.
El objetivo principal del encuentro, declararon Las Abejas, fue fortalecer la articulación con las diferentes organizaciones nacionales e internacionales para hacer más fuerte la voz contra la impunidad en el país, presionar a las autoridades para aplicar la justicia y reconocer su responsabilidad, garantizar la no repetición de los hechos y el respeto a los derechos humanos.
SIPAZ estuvo presente y participó a los labores en los dos días del encuentro así como en la celebración realizada el 22 de diciembre, día de conmemoración de la masacre. En el blog de SIPAZ, en los próximos días, se irán publicando los documentos del encuentro (véase último informe del CDH Frayba sobre el caso Acteal ) así como material informativo y multimedial. Véase también el blog de Las Abejas por más información.
Ya está disponible el video de la ponencia de Itzel Silva Monroy (CDH Frayba) sobre los avances legales del caso Acteal.
Por favor, si les parece interesante, reenvíen este correo a sus contactos. Gracias.
Saludos,
Roberto Stefani
--
Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)
Ave. Chilón n.8
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
CP 29220, México
Tel/Fax: (+52.967) 63 160 55
Email personal: rob.stefani@gmail.com
Email SIPAZ: chiapas@sipaz.org
Web: http://www.sipaz.org
Blog: sipaz.wordpress.com
El objetivo principal del encuentro, declararon Las Abejas, fue fortalecer la articulación con las diferentes organizaciones nacionales e internacionales para hacer más fuerte la voz contra la impunidad en el país, presionar a las autoridades para aplicar la justicia y reconocer su responsabilidad, garantizar la no repetición de los hechos y el respeto a los derechos humanos.
SIPAZ estuvo presente y participó a los labores en los dos días del encuentro así como en la celebración realizada el 22 de diciembre, día de conmemoración de la masacre. En el blog de SIPAZ, en los próximos días, se irán publicando los documentos del encuentro (véase último informe del CDH Frayba sobre el caso Acteal ) así como material informativo y multimedial. Véase también el blog de Las Abejas por más información.
Ya está disponible el video de la ponencia de Itzel Silva Monroy (CDH Frayba) sobre los avances legales del caso Acteal.
Por favor, si les parece interesante, reenvíen este correo a sus contactos. Gracias.
Saludos,
Roberto Stefani
--
Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)
Ave. Chilón n.8
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
CP 29220, México
Tel/Fax: (+52.967) 63 160 55
Email personal: rob.stefani@gmail.com
Email SIPAZ: chiapas@sipaz.org
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Blog: sipaz.wordpress.com
CRONICA DIA 2. ENCUENTRO NACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD
Las abejas, Acteal, Chenalhó. 22 de diciembre de 2007
El viernes 21 de Diciembre de 2007 fue el segundo y último día del encuentro nacional contra la impunidad que organizó la comunidad “Abeja” de Acteal. Las actividades programadas para el día fueron: mesas de trabajo, una conferencia de prensa y la lectura de las declaraciones finales de las ideas vertidas en las mesas, un ritual de vigilia y oración, y por último la proyección de videos sobre Acteal, “la tierra de los mártires”, dentro de los cuales se presentó la producción del videoasta abeja José Alfredo Jiménez Pérez.
Alrededor de las nueve de la mañana se comenzó con la organización de las mesas de trabajo que quedaron compuestas por los colores de gafetes que se proporcionaron en el registro de participantes, originando así, que se conjuntaran diversas opiniones. En cada grupo se encontraban personas de diversas culturas e ideologías y por lo cual se tiene certeza de que el dialogo fue muy provechoso. Todas las ideas expuestas sirvieron para tomar acuerdos y nuevamente posibilidades para combatir la injusticia. Retomaron los temas que los conferencistas habían expuesto en el primer día de actividades. Posteriormente, ya cerca del medio día, se formaron nuevas mesas de trabajo, pero esta vez por regiones del país (norte, centro y sureste.) y un grupo de extranjeros. Cabe señalar que en las primeras mesas (establecidas por gafetes) se retomaron y generaron nuevas ideas.
Estos son algunos de los puntos más importantes que se tocaron en las mesas de trabajo:
- Que sí no se reconocen a las organizaciones civiles, que por lo menos se reconozcan los acuerdos de San Andrés.
- Crear una comisión de la verdad. Esta comisión se encargaría de aclarar los conflictos con la participación de todos los involucrados: agresores, agredidos y gobierno.
- Partir del “caso Acteal” para tenerla como modelo de organización y lucha contra la injusticia a los demás casos que suceden en el resto del país.
- Seguir el ejemplo del grupo de “Mujeres Mayas de Las Abejas”, en cuanto a organización de mujeres.
- Apoyar a las sociedades civiles.
- Impulsar y dar a conocer a la sociedad en general y universidades, las versiones correctas emitidas en labios de los agredidos y saber así, con estos testimonios legítimos, la realidad concreta.
El día siguió su curso. Después de la hora de comida se pasó a las declaraciones finales emitidas por los grupos (los conformados en regiones). Ellos puntualizaron más en las resoluciones antes mencionadas, señalando que los argumentos y propuestas generadas en éste encuentro deben servirnos a todos, organizando mejores vínculos entre todas las organizaciones y seguir insistiendo en obligar al gobierno a que sea justo en las sentencias.
La tarde se vistió de alegría cuando “Totik” (padre) Samuel Ruíz García, obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas arribo a éste lugar, acompañado también, del “Totik” Raúl Vera López. Ellos residieron en la conferencia de prensa, recordando los hechos ocurridos en 1997 y la impunidad que aún existe por parte de los funcionarios públicos. “Esa es la causa del por qué seguimos insistiendo” dijo “Totik” Raúl Vera. Él sigue denunciando que la matanza no fue por casualidad sino planeada por el estado de aquel entonces.
A 10 años de la masacre de Acteal aún hay causas penales abiertas, los juicios se han extendido sin resolución por parte del Estado Mexicano, los autores intelectuales, como el entonces presidente de
Es por esto, que en el encuentro previo a la conmemoración de
- Responsabilidad del Estado Mexicano por acción, ya que la masacre de Acteal fue producto de una política de Estado totalmente deliberada y encaminada a cometer ataques sistemáticos en contra de la sociedad civil, con el fin de debilitar el apoyo al EZLN y posteriormente disolverlo. z
- Responsabilidad del Estado Mexicano por omisión, pues mientras sucedía la masacre, la policía de Seguridad Pública se encontraba a 200 metros del lugar de los hechos, sin intervención alguna.
Como sociedad nacional e internacional tenemos la responsabilidad de unirnos, analizar y reconstruir nuestro pacto llamado México, así como cuestionarnos si es viable la democracia en libertad e igualdad, mientras la verdad y la justicia siguen pendientes.
“Informe sobre la responsabilidad del Estado Mexicano en el caso de Acteal”. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Las acciones de éste último día del ENCUENTRO NACIONAL CONTRA
“Fortalecer la comunicación y el camino. Que se haga posible lo que ahora es imposible”
Raul Vera López
“Venir a Acteal es venir a llegarnos de fuerza y esperanza”
Samuel Ruiz García.
Texto y Fotos: Néstor Abel Jiménez Díaz.
GUERRA DE BAJA INTENSIDAD; EL CAMINO A LA MASACRE DE ACTEAL
El 1 de enero de 1994 se inició de manera explícita el conflicto en Chiapas con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este movimiento busca el reconocimiento y respeto de los derechos indígenas, y desde sus inicios
La guerra abierta dura pocos días ante la presión de la sociedad civil nacional e internacional y para el 10 de enero de 1994 se firma un pacto de no agresión entre el Estado mexicano y el grupo insurgente. Pocos meses después se inician los diálogos que buscaban llegar a un desenlace definitivo entre las partes enfrentadas, primero en San Miguel Ocosingo y en San Cristóbal de Las Casas en 1994 y posteriormente en San Andrés Larrainzar a partir de 1995. En este proceso que intentaba dar solución del conflicto, Las Abejas participan activamente dentro de los cinturones de paz que buscaban proporcionar apoyo a la seguridad de la comandancia del EZLN así como al interior de las discusiones que proporcionaron propuestas para las mesas de diálogo.
Según Pablo Romo, exdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBLC), mientras los representantes del gobierno mexicano se sentaban a dialogar en busca de la paz, el ejército mexicano comenzó la implementación, por órdenes del ejecutivo federal, una estrategia contrainsurgente descrita como “guerra de baja intensidad”. La estrategia plantea el entrenamiento de grupos armados al interior de las comunidades que hicieran el “trabajo sucio” y con eso lograr hacer parecer los ataques como conflictos intra e inter comunitarios, a la par de un desarrollo propagandístico que tiene como objetivo desacreditar la información que incrimine las acciones gubernamentales.
Con la intención de “matar al pez quitándole el agua” e interpretando que todos los que no colaboran con el gobierno están en contra del gobierno, a partir de 1995 el Estado mexicano impulsa la creación de grupos paramilitares que continuamente acosan a los miembros de los distintos grupos políticos simpatizantes con el zapatismo. En un principio la estrategia fue implementada en el norte del estado, principalmente en los municipios de Palenque, Catazajá, Tila, Sabanilla, Yajalón y Chilón, sirviendo como una especie de “laboratorio de operaciones” como refiere Blanca Martínez, actual directora del CDHFBLC. Es a partir de 1996, debido entre otras cosas a la creación del municipio autónomo de Polhó y al engrosamiento de las filas zapatistas en la zona, que la guerra de baja intensidad llega a Los Altos.
Para principios de 1997 el conflicto político en la zona comienza a complejizarse y los grupos paramilitares actúan de manera constante tomando represalias en contra de quienes no aceptan sumarse a su causa. Posteriormente, pugnas entre zapatistas y priístas por el derecho de explotación de un banco de arena en el paraje de Majomut vendrá a ser una excusa usada por los paramilitares para incrementar las acciones de violencia.
La ola de temor que se desencadenó como consecuencia del continuo hostigamiento de los habitantes de las comunidades por parte de los grupos paramilitares, llevó al desplazamiento de alrededor de 9.000 personas en el área que tuvieron que ser reacomodadas en comunidades simpatizantes con sus respectivos filiaciones políticas que sirvieron como campamentos de desplazados. Asimismo, el reacomodo poblacional masivo significó numerosas amenazas y la presencia de varios cuarteles militares a la entrada de las comunidades, muchos de los cuales permanecen hasta la fecha.
La escalada del conflicto llevó a que el 22 de diciembre de 1997, un grupo de tsotsiles equipados con armas de grueso calibre dispararan en contra de 45 personas abejas (18 mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y los 15 años de edad) e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad, varios de ellos resultaron con lesiones permanentes.
Las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias. Estaban completamente desarmados, realizando una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad de Acteal para pedir por la paz en la región. El ataque fue perpetrado por alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares y el hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del estado mexicano.
El hecho violento tuvo sus consecuencias políticas inmediatas con la renuncia del Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y del Gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, así como por la aprehensión de Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó por ser sospechoso de haber proporcionado el armamento necesario para realizar la acción. Sin embargo el hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango, como el ex Presidente de
Por otro lado Las Abejas refieren que el hecho de que acciones como la masacre de Acteal, o casos como los de Aguas Blancas en 1995 o 
Oaxaca y San Salvador Atenco en el 2006 se mantengan en la impunidad, refleja las intenciones que tiene el Estado mexicano de destruir a toda costa, sin importar el costo en vidas humanas, los movimientos que buscan impulsar un cambio social.
A 10 años de ocurrido el hecho que modificó tajantemente las dinámicas sociales de las comunidades abejas, Acteal se presenta como un punto desde el cual se emite una declaración de repudio ante las relaciones asimétricas que impulsa el gobierno mexicano en contra de las comunidades indígenas.
Nombre y edad de las víctimas de la masacre
María Pérez Oyalte, 43 años,Martha Capote Pérez, 12 años,Rosa Vázquez Luna, 24 años, Marcela Capote Ruiz, 29 años ,Marcela Pucuj Luna, 67 años, Loida Ruiz Gómez, 6 años,Catalina Luna Pérez, 21 años, Manuela Pérez Moreno, 50 años Manuel Santiz Culebra, 57 años Margarita Méndez Paciencia, 23 años Marcela Luna Ruiz, 35 años, Micaela Vázquez Pérez, 9 años, Josefa Vázquez Pérez, 5 años, Daniel Gómez Pérez, 24 años, Sebastián Gómez Pérez, 9 años, Juana Pérez Pérez, 33 años, María Gómez Ruiz, 23 años, Victorio Vázquez Gómez, 2 años, Verónica Vázquez Luna, 22 años, Paulina Hernández Vázquez, 22 años, Juana Pérez Luna, 9 años, Roselina Gómez Hernández (?), Lucía Méndez Capote, 7 años, Graciela Gómez Hernández, 3 años, Marcela Capote Vázquez, 15 años, Miguel Pérez Jiménez, 40 años, Susana Jiménez Luna, 17 años, Rosa Pérez Pérez, 33 años, Ignacio Pucuj Luna, 62 años, María Luna Méndez, 44 años, Alonso Vázquez Gómez, 46 años, Lorenzo Gómez Pérez, 46 años, María Capote Pérez, 16 años, Antonio Vázquez Luna, 17 años, Antonia Vázquez Pérez, 21 años, Marcela Vázquez Pérez, 30 años, Silvia Pérez Luna, 6 años, Vicente Méndez Capote, 5 años, Guadalupe Gómez Hernandez, 2 años, Micaela Vázquez Luna, 3 años, Juana Vázquez Luna, 1 años, Alejandro Pérez Luna, 15 años, Juana Luna Vázquez, 45 años, Juana Gómez Pérez, 51 años, Juan Carlos Luna Pérez, 2 años
Texto: Jaime Schlittler Álvarez
Fotos: Moisés Zúñiga Santiago y Pedro Valtierra
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