El retorno de Galio Bermúdez
Luis Hernández Navarro
Como si no tuviera suficientes problemas de verdad sin resolver, el presidente Calderón ha añadido a su lista uno más que no lo es: revisar el estado procesal de los expedientes relacionados con la matanza de Acteal.
El nuevo frente de guerra proviene del acuerdo electoral pactado con la agrupación política de inspiración evangélica Encuentro Social. A cambio de promover activamente el voto a favor del Partido Acción Nacional (PAN) en los comicios presidenciales del año pasado, el partido le otorgó 13 posiciones federales.
El anuncio de la alianza fue hecho el 28 de febrero del año pasado. El resolutivo que registra el acuerdo de participación entre ambas fuerzas políticas se publicó el 11 de abril. En éste, el PAN se comprometió a “revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal”.
En la historia de la ignominia contemporánea, Acteal, Chiapas, ocupa un lugar destacado. El asesinato de 45 hombres, mujeres y niños, que rezaban por la paz en una abadía el 22 de diciembre de 1997, a manos de un grupo paramilitar priísta, es una herida que no cicatriza. Del crimen fueron acusados 124 personas, aunque los grandes responsables siguen libres.
La historia de la asociación política aliada a Felipe Calderón se remonta a 2002. El 4 de septiembre de ese año, integrantes de la Iglesia evangélica anunciaron la intención de fundar el Partido Encuentro Social, dirigido por el pastor Eric Hugo Flores.
Encuentro Social ha promovido activamente la libertad de muchos de los asesinos responsables de la matanza. Con ese afán elaboró, con dinero público, El otro Acteal. El 30 de abril de 2004 el Instituto Federal Electoral no aceptó la justificación de gastos que la asociación presentó, a cuenta de sus prerrogativas, para elaborar el libro.
Casualmente, en junio y diciembre de 2006 Nexos publicó dos adelantos de Acteal: la otra injusticia, de Eric Hugo Flores, escrito en colaboración con Alejandro Posadas, defendiendo a los detenidos por la masacre. El 24 de diciembre de 2006, El Universal difundió un artículo de Flores que repite, en lo esencial, los argumentos esgrimidos en la revista.
Un día antes del noveno aniversario de la masacre, la asociación política Alternativa Ciudadana 21 y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) informaron que habían asumido la defensa de 75 de los detenidos de Acteal y emplazaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer nuevos parámetros de actuación en el caso. Entre quienes anunciaron las acciones se encontraba Héctor Aguilar Camín.
La ofensiva mediática para cambiar en la opinión pública la percepción sobre el crimen no tuvo éxito: fue sepultada por el conflicto poselectoral de ese año. Sin embargo, a tres meses del décimo aniversario, sus promotores vuelven a la carga. Una nueva iniciativa ha sido promovida por Aguilar Camín desde las páginas de Nexos, donde publica la primera de tres entregas de un trabajo titulado El regreso de Acteal. Allí reconoce que el origen de su crónica proviene del manuscrito de un libro en preparación de Eric Hugo Flores.
Según Nexos, en el texto de Aguilar Camín “confluyen el arte del historiador aplicado a la historia reciente y la seriedad del periodista que antepone la investigación de los hechos a las teorías…” No es así. La primera entrega del escrito difícilmente corrobora ese juicio. Por el contrario, se trata de un intento fallido por rescribir la historia a modo, por maquillarla, que recoge la línea argumental central del Libro Blanco de la Procuraduría General de la República (PGR), descalificado por Amnistía Internacional.
El regreso de Acteal cita reiteradamente como fuentes autorizadas dos trabajos elaborados por ex guerrilleros convertidos en policías y agentes de la contrainsurgencia chiapaneca. El primero es Camino a Acteal, de Gustavo Hirales, panfleto escrito con más pena que gloria, considerado, por su impúdica falsificación de los hechos, como una nueva versión del El móndrigo, el libro elaborado desde las cloacas del poder para desprestigiar al movimiento estudiantil de 1968.
El segundo es un informe de Manuel Anzaldo. Delator de sus compañeros de la Liga 23 de Septiembre, dirigente del Partido Cardenista en Chenalhó, señalado como dirigente del grupo civil armado Máscara Roja, es defensor de los paramilitares encarcelados. “Pedimos –dijo– amnistía para todos los grupos que se armaron para proteger sus propiedades de los zapatistas.”
La crónica de Aguilar Camín está plagada de errores, omisiones y tergiversaciones históricas. En su afán por ocultar la existencia de paramilitares auspiciados por el gobierno, se empeña en presentar la matanza como fruto de una dinámica de conflictos intracomunitarios desatados por la presencia zapatista en el municipio y la intolerancia religiosa.
Los ejemplos de sus gazapos abundan. Menciono, por cuestión de espacio, tan sólo dos. El relato comienza narrando la muerte del priísta Agustín Vázquez, uno de los hechos que agudizaron el conflicto en Chenalhó, pero evade mencionar las versiones que señalan que, muy probablemente, el crimen fue responsabilidad de sus compañeros de partido, puesto que Vázquez se negó a cooperar económicamente con el financiamiento del grupo paramilitar. De la misma manera, a pesar de las continuas referencias que hace a las vertientes religiosas del crimen, no informa que entre los detenidos por la matanza hay presbiterianos y bautistas, pero también católicos y “sin religión” o “costumbre tradicional”.
Héctor Aguilar Camín tiene un largo historial de servicios al Príncipe. En La terca memoria, Julio Scherer recuerda el papel del historiador como intelectual orgánico del régimen de Salinas y su salto mortal a la causa de Ernesto Zedillo. Fabricio Mejía explicó a Proceso, en 1998, la función que desempeñó en la confección de La rebelión de las cañadas.
En La Guerra de Galio, Aguilar Camín cuenta la vida de Galio Bermúdez, un sórdido escribano que, desde los sótanos del poder, se encarga de hacerle el trabajo sucio al régimen. Regreso a Acteal es el retorno de Galio Bermúdez a la política mexicana.
Luis Hernández Navarro
Como si no tuviera suficientes problemas de verdad sin resolver, el presidente Calderón ha añadido a su lista uno más que no lo es: revisar el estado procesal de los expedientes relacionados con la matanza de Acteal.
El nuevo frente de guerra proviene del acuerdo electoral pactado con la agrupación política de inspiración evangélica Encuentro Social. A cambio de promover activamente el voto a favor del Partido Acción Nacional (PAN) en los comicios presidenciales del año pasado, el partido le otorgó 13 posiciones federales.
El anuncio de la alianza fue hecho el 28 de febrero del año pasado. El resolutivo que registra el acuerdo de participación entre ambas fuerzas políticas se publicó el 11 de abril. En éste, el PAN se comprometió a “revisar el estado procesal de los expedientes formados con motivo de la masacre de Acteal”.
En la historia de la ignominia contemporánea, Acteal, Chiapas, ocupa un lugar destacado. El asesinato de 45 hombres, mujeres y niños, que rezaban por la paz en una abadía el 22 de diciembre de 1997, a manos de un grupo paramilitar priísta, es una herida que no cicatriza. Del crimen fueron acusados 124 personas, aunque los grandes responsables siguen libres.
La historia de la asociación política aliada a Felipe Calderón se remonta a 2002. El 4 de septiembre de ese año, integrantes de la Iglesia evangélica anunciaron la intención de fundar el Partido Encuentro Social, dirigido por el pastor Eric Hugo Flores.
Encuentro Social ha promovido activamente la libertad de muchos de los asesinos responsables de la matanza. Con ese afán elaboró, con dinero público, El otro Acteal. El 30 de abril de 2004 el Instituto Federal Electoral no aceptó la justificación de gastos que la asociación presentó, a cuenta de sus prerrogativas, para elaborar el libro.
Casualmente, en junio y diciembre de 2006 Nexos publicó dos adelantos de Acteal: la otra injusticia, de Eric Hugo Flores, escrito en colaboración con Alejandro Posadas, defendiendo a los detenidos por la masacre. El 24 de diciembre de 2006, El Universal difundió un artículo de Flores que repite, en lo esencial, los argumentos esgrimidos en la revista.
Un día antes del noveno aniversario de la masacre, la asociación política Alternativa Ciudadana 21 y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) informaron que habían asumido la defensa de 75 de los detenidos de Acteal y emplazaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer nuevos parámetros de actuación en el caso. Entre quienes anunciaron las acciones se encontraba Héctor Aguilar Camín.
La ofensiva mediática para cambiar en la opinión pública la percepción sobre el crimen no tuvo éxito: fue sepultada por el conflicto poselectoral de ese año. Sin embargo, a tres meses del décimo aniversario, sus promotores vuelven a la carga. Una nueva iniciativa ha sido promovida por Aguilar Camín desde las páginas de Nexos, donde publica la primera de tres entregas de un trabajo titulado El regreso de Acteal. Allí reconoce que el origen de su crónica proviene del manuscrito de un libro en preparación de Eric Hugo Flores.
Según Nexos, en el texto de Aguilar Camín “confluyen el arte del historiador aplicado a la historia reciente y la seriedad del periodista que antepone la investigación de los hechos a las teorías…” No es así. La primera entrega del escrito difícilmente corrobora ese juicio. Por el contrario, se trata de un intento fallido por rescribir la historia a modo, por maquillarla, que recoge la línea argumental central del Libro Blanco de la Procuraduría General de la República (PGR), descalificado por Amnistía Internacional.
El regreso de Acteal cita reiteradamente como fuentes autorizadas dos trabajos elaborados por ex guerrilleros convertidos en policías y agentes de la contrainsurgencia chiapaneca. El primero es Camino a Acteal, de Gustavo Hirales, panfleto escrito con más pena que gloria, considerado, por su impúdica falsificación de los hechos, como una nueva versión del El móndrigo, el libro elaborado desde las cloacas del poder para desprestigiar al movimiento estudiantil de 1968.
El segundo es un informe de Manuel Anzaldo. Delator de sus compañeros de la Liga 23 de Septiembre, dirigente del Partido Cardenista en Chenalhó, señalado como dirigente del grupo civil armado Máscara Roja, es defensor de los paramilitares encarcelados. “Pedimos –dijo– amnistía para todos los grupos que se armaron para proteger sus propiedades de los zapatistas.”
La crónica de Aguilar Camín está plagada de errores, omisiones y tergiversaciones históricas. En su afán por ocultar la existencia de paramilitares auspiciados por el gobierno, se empeña en presentar la matanza como fruto de una dinámica de conflictos intracomunitarios desatados por la presencia zapatista en el municipio y la intolerancia religiosa.
Los ejemplos de sus gazapos abundan. Menciono, por cuestión de espacio, tan sólo dos. El relato comienza narrando la muerte del priísta Agustín Vázquez, uno de los hechos que agudizaron el conflicto en Chenalhó, pero evade mencionar las versiones que señalan que, muy probablemente, el crimen fue responsabilidad de sus compañeros de partido, puesto que Vázquez se negó a cooperar económicamente con el financiamiento del grupo paramilitar. De la misma manera, a pesar de las continuas referencias que hace a las vertientes religiosas del crimen, no informa que entre los detenidos por la matanza hay presbiterianos y bautistas, pero también católicos y “sin religión” o “costumbre tradicional”.
Héctor Aguilar Camín tiene un largo historial de servicios al Príncipe. En La terca memoria, Julio Scherer recuerda el papel del historiador como intelectual orgánico del régimen de Salinas y su salto mortal a la causa de Ernesto Zedillo. Fabricio Mejía explicó a Proceso, en 1998, la función que desempeñó en la confección de La rebelión de las cañadas.
En La Guerra de Galio, Aguilar Camín cuenta la vida de Galio Bermúdez, un sórdido escribano que, desde los sótanos del poder, se encarga de hacerle el trabajo sucio al régimen. Regreso a Acteal es el retorno de Galio Bermúdez a la política mexicana.
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