Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas,
México.
22 de febrero de 2021
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
¿Cuándo dejarán de responder los malos gobiernos con armas,
ejércitos, cuarteles, retenes y entrenamiento de grupos paramilitares a los
reclamos de los pueblos que sólo quieren vivir en paz?
¿Cuándo dejarán de aliarse a los narcotraficantes, a los
caciques y a las compañías extranjeras que sólo buscan multiplicar sus
ganancias, a costa de la destrucción de las comunidades y el despojo de sus
tierras y las riquezas que contienen?
Le solicitamos respetuosamente a la
licenciada Esmeralda Troitiño Arosemena, quien es la abogada para México y
Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que
interceda para que la CIDH emita de una
vez por todas su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y
otros (masacre de Acteal). Los resultados de su valiosa intervención son muy
importantes para que los malos gobiernos dejen de proteger a los responsables
de la Masacre y se desmantelen las actuales condiciones de militarización y
paramilitarismo que continúan hoy en nuestras comunidades.
¡Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él! Hemos
gritado con todas nuestras fuerzas esta consigna desde el inicio del Plan de
Campaña Chiapas ‘94, cuando el gobierno envió más de 72,000 soldados a nuestro
estado para tratar de revertir el alzamiento zapatista y asegurar que las
compañías no perdieran el control sobre los territorios que necesitan para
hacer sus negocios, sembrando el terror en las comunidades. El saldo:
asesinatos, tortura, desalojos, desplazamiento, destrucción de trabajaderos y
recursos colectivos, terror y robo de pertenencias en comunidades zapatistas;
prostitución, violaciones de mujeres, mayor venta de alcohol y drogas en
nuestras comunidades, miedo y preocupación de andar solas para las mujeres en
su propia tierra, paramilitares que saben usar las armas de grueso calibre que
les ayuda a comprar el gobierno del partido en turno. Ante esto preguntamos con
el profeta Isaías: “¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y pasan por encima de
los pobres?”, afirma el Señor, el Señor Todopoderoso? (Isaías 3, 15)
En nuestro municipio de Chenalhó, precisamente durante los
diálogos de San Andrés en 1996, cuando el gobierno simulaba el diálogo pacífico
con la comandancia zapatista, al mismo tiempo que orquestaba el operativo
militar para capturarlos, se construyeron muchas de las Bases Militares que
permanecen hasta hoy en los lugares de mayor presencia zapatista: para poder
vigilarlos, hostigarlos, atemorizarlos y engañarlos con supuestas “ayudas
humanitarias”. Bajo diferentes uniformes
como la Seguridad Pública, Policía Estatal, Policía Federal Preventiva, Policía
Judicial y ahora la Guardia Nacional, esas fuerzas armadas del mal gobierno
sólo vienen a nuestros territorios para sembrar el miedo entre los que
defienden su tierra y sus comunidades frente a los intereses de los poderosos.
Hoy también recordamos que el pasado 16 de febrero se
cumplieron 25 años de la firma de los traicionados Acuerdos de San Andrés,
donde integrantes de nuestra organización de Las Abejas se rotaron durante los
meses que duraron las negociaciones, manteniendo los cinturones humanos de paz
que se formaron para cuidar a los zapatistas; quienes a su vez convocaron a
representantes de los pueblos indígenas que en aquellos años nos manteníamos
aún independientes del gobierno, para que pudiéramos encontrarnos, conocernos y
después articularnos en lo que hoy conocemos como el Congreso Nacional Indígena
para ir fortaleciendo nuestra autonomía, y que después logramos conformar el
Concejo Indígena de Gobierno.
Por
eso hoy nos hacemos eco de la denuncia presentada en la declaratoria final de
la Quinta Asamblea Nacional del CNI con el CIG que se logró realizar con
delegados de 100 pueblos indígenas en plena pandemia:
“La imposición
del Tren Maya, que va aparejado de la construcción de 15 centros urbanos, del
Corredor Interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, que contempla 10 corredores
urbano-industriales, y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México-Parque Ecológico Lago de Texcoco, junto con el Proyecto Integral
Morelos, buscan el reordenamiento del país de acuerdo a los intereses
económicos del gran capital. Del mismo modo es muy grave el proyecto de construir,
para beneficio de diversas empresas extranjeras, tres termoeléctricas -una de
ellas ya está concluida-, una red de gasoductos y una megacentral para
almacenar combustibles en la cuenca del Río Santiago, al sur de Guadalajara, lo
que adicionalmente ocurre en una de las regiones más contaminadas del país; a
lo que habría que agregar el proyecto Canal Centenario, actualmente ejecutado
por la Guardia Nacional, que en Nayarit pretende trasvasar los ríos San Pedro y
Santiago. La minería a cielo abierto amenaza del mismo modo a cientos de
territorios de pueblos indígenas ocupando la misma fórmula de división, despojo
y destrucción de nuestras comunidades”.
Por eso no es casualidad que tengamos hoy un país más
militarizado, donde todos los que luchan por la vida, contra los megaproyectos
y por la memoria de los que han dado su vida luchando contra la explotación, el
despojo, el desprecio y la destrucción de nuestra forma de vivir, corren el
riesgo de ser desaparecidos, asesinados, secuestrados o encarcelados.
Y nos llenamos de digna rabia y de tristeza de ver tantos
casos de compañeros queridos que fueron asesinados en este mes, que justo se
cumplen 2 años del asesinato de nuestro hermano Samir Flores, opositor al
Proyecto Integral Morelos que era Amilcingo, en la tierra de Zapata. Seguimos
reclamando justicia para él y para todos los que han encontrado la muerte por
oponerse a los intereses de las compañías trasnacionales y caciques locales,
quienes son los únicos que ganan con la realización de los megaproyectos que
amenazan nuestras comunidades.
A
Samir hoy se une Fidel Heras Cruz, quien era comisariado ejidal de su pueblo,
también integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde
(Copudever) y formaba parte de la resistencia contra las hidroeléctricas Paso
de la Reyna y Río Verde en Oaxaca, donde desde hace 13 años los pueblos se han
organizado para impedir la imposición de los megaproyectos en su territorio y
la contaminación de sus ríos y tierras. Los caciques de su pueblo, la familia
Iglesias. le tenían coraje porque el ejido decidió cobrarles a tiempo la grava
que extraen de su río. Fue asesinado el pasado 23 de enero en su municipio Santiago
Jamiltepec, Oaxaca.
Junto a Samir y Fidel, hoy reclamamos justicia para
Miguel Vázquez Martínez, guardián de los ríos en Veracruz, quien fue encontrado
sin vida en una fosa clandestina en la localidad La Otra Banda, de Tlapacoyan,
Veracruz, el pasado 15 de febrero, cien días después de haber sido ultimado. El
compañero era integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en
Defensa del Río Bobos-Nautla, y fue duro opositor a la instalación de proyectos
extractivos como las Mini-hidroeléctricas en Tlapacoyan. La violencia extrema que se vive en regiones
como Veracruz con asesinatos, feminicidios, desapariciones, secuestros y fosas
clandestinas, es resultado de la política impulsada por los malos gobiernos
para crear un clima de ingobernabilidad, que facilite aún más callar y eliminar
a los defensores del pueblo, los enemigos de los poderosos, sin ninguna
consecuencia.
Y nosotros hemos vivido en carne propia cómo la solución a
esta violencia extrema no es la militarización. Nuestros mártires fueron
brutalmente asesinados cuando existía un puesto de Seguridad Pública a menos de
200 metros de distancia. Y los militares fueron avisados de lo que sucedía y no
hicieron nada durante todas las horas que duró la masacre. Tenemos bases
militares rentando nuestros terrenos desde hace casi 25 años y la violencia
continúa en Aldama y Chalchihuitán, los paramilitares que educaron y
financiaron los militares, siguen encabezando el hostigamiento a los que
estamos en resistencia contra el mal gobierno y no queremos aceptar sus apoyos
y proyectos.
Por eso exigimos que se les otorguen los amparos que están
solicitando legalmente nuestros compañeros del pueblo tseltal de Chilón,
Chiapas, quienes piden que se pare la construcción de un cuartel de la Guardia
Nacional que están haciendo sin el consentimiento del pueblo en su territorio,
violando sus derechos como pueblo indígena.
Hermanas y hermanos, para fortalecernos juntos en este camino
de construir vida, verdad y la justicia, les pedimos que nos acompañen en la lucha
contra la militarización en nuestros pueblos que han encabezado valientemente,
desde el inicio, nuestras compañeras mujeres. Ojalá puedan estar con nosotras,
de manera presencial o en línea, durante la actividad que están preparando las
compañeras de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal para el próximo 8 de
marzo, cuya convocatoria les haremos saber en breve.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, los que
estamos encargados de cuidar la organización, estamos defendiendo nuestras
tierras y a nuestro pueblo, siguiendo el ejemplo de nuestro hermano Alonso
Vázquez que entregó su vida para que tuviéramos paz.
Atentamente
La Voz de la Organización sociedad Civil Las
Abejas de Acteal.
Por la Mesa Directiva:
Cristóbal Ruiz Arias
Gerardo Pérez Pérez
Presidente
Secretario
Manuel Ortiz Gutiérrez
Pedro Pérez Pérez
Tesorero
sub presidente
Sebastián Guzmán Sántiz
Sub tesorero
