Cientos de habitantes del municipio de Chenalhó conmemoraron ayer otro aniversario de la matanza ocurrida en la comunidad chiapaneca, donde fueron asesinados 45 indígenas en 1997. El acto, en el cual participaron los obispos Samuel Ruiz, Felipe Arizmendi y Enrique Díaz, sirvió de ocasión para denunciar que el caso ha caído en el olvido y que los autores intelectuales de los crímenes siguen libres. "Los planes de la masacre fueron diseñados por el ex presidente Ernesto Zedillo y operados por el entonces general de la séptima Región Militar, Enrique Cervantes Aguirre", afirmaron algunos de los sobrevivientes. El gobernador Juan Sabines, en tanto, anunció la creación de una fiscalía especial FOTO Tomás Vázquez
Acteal, una herida que no cierra
Ayer viernes se conmemoró un aniversario más, el noveno, de la matanza de Acteal, Chiapas, perpetrada por un grupo de paramilitares afín al Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, a pesar de todo el tiempo transcurrido desde que ocurrió este grave suceso, el 22 de diciembre de 1997, la masacre sigue siendo una herida que no ha podido cicatrizar debido a la impunidad en que permanecen los autores intelectuales de tan abominable acto y al fracaso de las autoridades estatales y federales para aplicar la justicia.
Hace nueve años, los paramilitares priístas abrieron fuego contra integrantes de la organización civil Las Abejas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó. El ataque, realizado mientras los indígenas rezaban, dejó un saldo de 45 muertos, entre ellos 21 mujeres cuatro de ellas embarazadas y 15 niños, además de 17 heridos. La matanza provocó que unas 8 mil personas abandonaran sus hogares para instalarse en campamentos en la comunidad de Polhó ante el temor de ser agredidas por los paramilitares que siguen operando en la región: se trata, pues, de un grupo de desplazados (un apelativo dado en Colombia a los miles de refugiados civiles que huyen de la violencia), aunque en el caso mexicano su situación es prácticamente desconocida por la opinión pública y es ignorada por las autoridades de todos los niveles.
Aunque la matanza provocó conmoción tanto en México como en el extranjero, hasta el momento ni el gobierno de Chiapas ni el Ejecutivo federal han podido poner punto final al caso, el cual ha estado plagado de irregularidades y graves omisiones desde el inicio. La escena del crimen fue alterada deliberadamente por policías estatales, lo que derivó en la destrucción de pruebas cruciales. Asimismo, desde que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso, la dependencia se ha negado a acusar a los detenidos por asociación delictuosa, lo que hubiera permitido consolidar la hipótesis de un ataque realizado por paramilitares y, por ende, señalar al Estado como posible responsable en los hechos.
Por otro lado, de las 124 personas encausadas 41 de ellas exoneradas ninguna es un alto funcionario. De hecho, de los 83 acusados del delito de homicidio, tan sólo 25 fueron condenados a 36 años de prisión, aunque abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas sostienen que muchos de los sentenciados son inocentes, por lo que solicitarán la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; arrestos sin orden de detención, participantes en la masacre que fungieron como testigos de la PGR, testimonios de autores materiales confesos que exonerarían a muchos de los acusados, versiones contradictorias sobre el número de atacantes y la negativa de las autoridades judiciales a proporcionar abogados y traductores en las primeras etapas del proceso son sólo algunas de las irregularidades que han entorpecido este juicio.
Mientras tanto, 29 órdenes de aprehensión quedan todavía por cumplirse, entre ellas las del general retirado Jorge Gamboa Solís, ex coordinador de la policía estatal, y del ex director de la policía de Seguridad Pública de Chiapas, José Luis Rodríguez Orozco, quienes se encuentran prófugos de la justicia. Y no sólo eso: los acusados de ser los autores materiales de este crimen fueron absueltos del pago de reparaciones al considerar que "el Ministerio Público y los ofendidos no demostraron debidamente la existencia del daño moral o material que causaron en los delitos cometidos". Es decir, para las víctimas, ni justicia ni indemnizaciones.
Estos factores permiten conjeturar que la situación de impunidad se debe más que nada a consideraciones políticas: el objetivo sería negar a toda costa un crimen de lesa humanidad perpetrado en el contexto de una guerra de baja intensidad contra el EZLN, rebajando esta masacre al nivel de un simple mal recuerdo.
Ayer viernes se conmemoró un aniversario más, el noveno, de la matanza de Acteal, Chiapas, perpetrada por un grupo de paramilitares afín al Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, a pesar de todo el tiempo transcurrido desde que ocurrió este grave suceso, el 22 de diciembre de 1997, la masacre sigue siendo una herida que no ha podido cicatrizar debido a la impunidad en que permanecen los autores intelectuales de tan abominable acto y al fracaso de las autoridades estatales y federales para aplicar la justicia.
Hace nueve años, los paramilitares priístas abrieron fuego contra integrantes de la organización civil Las Abejas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó. El ataque, realizado mientras los indígenas rezaban, dejó un saldo de 45 muertos, entre ellos 21 mujeres cuatro de ellas embarazadas y 15 niños, además de 17 heridos. La matanza provocó que unas 8 mil personas abandonaran sus hogares para instalarse en campamentos en la comunidad de Polhó ante el temor de ser agredidas por los paramilitares que siguen operando en la región: se trata, pues, de un grupo de desplazados (un apelativo dado en Colombia a los miles de refugiados civiles que huyen de la violencia), aunque en el caso mexicano su situación es prácticamente desconocida por la opinión pública y es ignorada por las autoridades de todos los niveles.
Aunque la matanza provocó conmoción tanto en México como en el extranjero, hasta el momento ni el gobierno de Chiapas ni el Ejecutivo federal han podido poner punto final al caso, el cual ha estado plagado de irregularidades y graves omisiones desde el inicio. La escena del crimen fue alterada deliberadamente por policías estatales, lo que derivó en la destrucción de pruebas cruciales. Asimismo, desde que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso, la dependencia se ha negado a acusar a los detenidos por asociación delictuosa, lo que hubiera permitido consolidar la hipótesis de un ataque realizado por paramilitares y, por ende, señalar al Estado como posible responsable en los hechos.
Por otro lado, de las 124 personas encausadas 41 de ellas exoneradas ninguna es un alto funcionario. De hecho, de los 83 acusados del delito de homicidio, tan sólo 25 fueron condenados a 36 años de prisión, aunque abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas sostienen que muchos de los sentenciados son inocentes, por lo que solicitarán la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; arrestos sin orden de detención, participantes en la masacre que fungieron como testigos de la PGR, testimonios de autores materiales confesos que exonerarían a muchos de los acusados, versiones contradictorias sobre el número de atacantes y la negativa de las autoridades judiciales a proporcionar abogados y traductores en las primeras etapas del proceso son sólo algunas de las irregularidades que han entorpecido este juicio.
Mientras tanto, 29 órdenes de aprehensión quedan todavía por cumplirse, entre ellas las del general retirado Jorge Gamboa Solís, ex coordinador de la policía estatal, y del ex director de la policía de Seguridad Pública de Chiapas, José Luis Rodríguez Orozco, quienes se encuentran prófugos de la justicia. Y no sólo eso: los acusados de ser los autores materiales de este crimen fueron absueltos del pago de reparaciones al considerar que "el Ministerio Público y los ofendidos no demostraron debidamente la existencia del daño moral o material que causaron en los delitos cometidos". Es decir, para las víctimas, ni justicia ni indemnizaciones.
Estos factores permiten conjeturar que la situación de impunidad se debe más que nada a consideraciones políticas: el objetivo sería negar a toda costa un crimen de lesa humanidad perpetrado en el contexto de una guerra de baja intensidad contra el EZLN, rebajando esta masacre al nivel de un simple mal recuerdo.
La matanza de Acteal cayó en el olvido del gobierno, opinan sobrevivientes
Ernesto Zedillo y el Ejército planearon la masacre; la justicia está a medias, señalan
Anuncia Juan Sabines la creación de una fiscalía especial para investigar los hechos.
ANGELES MARISCAL (La Jornada)
Los obispos de San Cristóbal de las Casas, Enrique Díaz Díaz (auxiliar), Samuel Ruiz García (emérito) y Felipe Arizmendi Esquivel (titular) oficiaron ayer en Chenalhó una misa en memoria de las víctimas de Acteal Foto: La Jornada Chenalho, Chis., 22 de diciembre. Cientos de habitantes del municipio de Chenalhó conmemoraron el noveno aniversario de la matanza de indígenas de la comunidad de Acteal. Los sobrevivientes de la masacre de 45 personas consideraron que el hecho "ha quedado en el olvido oficial, mientras los autores intelectuales siguen libres".
En una emotiva ceremonia mezcla de los rituales católicos e indígenas, los presentes rezaron ante la tumba de los integrantes de la organización civil Las Abejas que perdieron la vida el 22 de diciembre de 1997 a manos de un grupo paramilitar.
La ceremonia religiosa estuvo presidida por los obispos de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, Felipe Arizmendi y Enrique Díaz.
Allí, los sobrevivientes emitieron un pronunciamiento en que resaltan que el autor intelectual de los hechos fue el Estado mexicano, que orquestó la conformación de grupos paramilitares para detener el avance de las comunidades simpatizantes con la causa zapatista.
"Los planes de la masacre fueron diseñados por el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) y operada por el entonces general de la Séptima Región Militar, Enrique Cervantes Aguirre", dijeron.
Recordaron que policías del entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro estaban apostados en las orillas de la comunidad al momento del ataque y no hicieron nada por impedirlo, y posteriormente recogieron los cadáveres e intentaron borrar las evidencias.
"Hoy la justicia de Acteal está a medias, los crímenes siguen en la impunidad porque los que investigaron son los mismos que planearon la masacre, y los autores intelectuales siguen libres", sostuvieron.
Por ello exigieron se acabe el "olvido oficial en que ha caído la lucha por la justicia contra los que masacraron a nuestros compañeros, y se reabran las investigaciones".
En ese contexto, el gobernador Juan Sabines Guerrero anunció la creación de una fiscalía especial para investigar los hechos, así como reabrir los expedientes de los que fueron sentenciados y revisar los casos de quienes esperan condena por estos hechos.
"No es una venganza, sino que se trata de hacer justicia. Nos corresponde a todos y en primer lugar a las autoridades democráticas realizar los esfuerzos necesarios para que la ley sea aplicada", sostuvo el mandatario.
El jueves, los abogados Ana Laura Magaloni Kerpel y Alejandro Posadas Urtusuástegui, del Centro de Investigación y Docencia Económica anunciaron que retomarán la defensa de los actuales detenidos.
De las 124 personas que en un inicio fueron acusadas de la masacre, 41 fueron exoneradas y 83 acusadas del delito de homicidio. De estos últimos, seis fueron declarados inocentes, 25 condenados a 36 años de cárcel y el resto espera sentencia.
Los juristas indicaron que pedirán la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consideraron que muchos de los detenidos son inocentes.
Ernesto Zedillo y el Ejército planearon la masacre; la justicia está a medias, señalan
Anuncia Juan Sabines la creación de una fiscalía especial para investigar los hechos.
ANGELES MARISCAL (La Jornada)
Los obispos de San Cristóbal de las Casas, Enrique Díaz Díaz (auxiliar), Samuel Ruiz García (emérito) y Felipe Arizmendi Esquivel (titular) oficiaron ayer en Chenalhó una misa en memoria de las víctimas de Acteal Foto: La Jornada Chenalho, Chis., 22 de diciembre. Cientos de habitantes del municipio de Chenalhó conmemoraron el noveno aniversario de la matanza de indígenas de la comunidad de Acteal. Los sobrevivientes de la masacre de 45 personas consideraron que el hecho "ha quedado en el olvido oficial, mientras los autores intelectuales siguen libres".
En una emotiva ceremonia mezcla de los rituales católicos e indígenas, los presentes rezaron ante la tumba de los integrantes de la organización civil Las Abejas que perdieron la vida el 22 de diciembre de 1997 a manos de un grupo paramilitar.
La ceremonia religiosa estuvo presidida por los obispos de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, Felipe Arizmendi y Enrique Díaz.
Allí, los sobrevivientes emitieron un pronunciamiento en que resaltan que el autor intelectual de los hechos fue el Estado mexicano, que orquestó la conformación de grupos paramilitares para detener el avance de las comunidades simpatizantes con la causa zapatista.
"Los planes de la masacre fueron diseñados por el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) y operada por el entonces general de la Séptima Región Militar, Enrique Cervantes Aguirre", dijeron.
Recordaron que policías del entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro estaban apostados en las orillas de la comunidad al momento del ataque y no hicieron nada por impedirlo, y posteriormente recogieron los cadáveres e intentaron borrar las evidencias.
"Hoy la justicia de Acteal está a medias, los crímenes siguen en la impunidad porque los que investigaron son los mismos que planearon la masacre, y los autores intelectuales siguen libres", sostuvieron.
Por ello exigieron se acabe el "olvido oficial en que ha caído la lucha por la justicia contra los que masacraron a nuestros compañeros, y se reabran las investigaciones".
En ese contexto, el gobernador Juan Sabines Guerrero anunció la creación de una fiscalía especial para investigar los hechos, así como reabrir los expedientes de los que fueron sentenciados y revisar los casos de quienes esperan condena por estos hechos.
"No es una venganza, sino que se trata de hacer justicia. Nos corresponde a todos y en primer lugar a las autoridades democráticas realizar los esfuerzos necesarios para que la ley sea aplicada", sostuvo el mandatario.
El jueves, los abogados Ana Laura Magaloni Kerpel y Alejandro Posadas Urtusuástegui, del Centro de Investigación y Docencia Económica anunciaron que retomarán la defensa de los actuales detenidos.
De las 124 personas que en un inicio fueron acusadas de la masacre, 41 fueron exoneradas y 83 acusadas del delito de homicidio. De estos últimos, seis fueron declarados inocentes, 25 condenados a 36 años de cárcel y el resto espera sentencia.
Los juristas indicaron que pedirán la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues consideraron que muchos de los detenidos son inocentes.
La injusticia de la injusticia
Ricardo Raphael
22 de diciembre de 2006
Hoy, hace nueve años, en los Altos de Chiapas murieron asesinadas 45 personas. Todos eran indígenas y la gran mayoría mujeres y niños. Por aquella época se afirmó que alrededor de 300 creyentes estaban rezando en una ermita del poblado de Acteal cuando 100 individuos, profusamente armados, les dispararon a mansalva.
Inmediatamente las alarmas sonaron en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Este hecho demostraba que la política de ignorar el conflicto en ese estado del sureste desataba, como ya muchos involucrados en el problema habían advertido, furibundos actos de violencia entre las comunidades; muy concretamente podía exacerbar el encono entre zapatistas y no zapatistas.
El entonces jefe del Ejecutivo no tardó en tomar entre sus manos el expediente. No hubo pereza política para reaccionar. En cuestión de horas se confirmó la renuncia del gobernador Ruiz Ferro y también se dio a conocer el nombramiento del nuevo secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.
La idea era bajar la intensidad mediática de este trágico episodio en el menor tiempo posible. Fue precisamente bajo esta lógica política que la Procuraduría General de la República atrajo el caso acusando, durante los primeros días de enero de 1998, a 124 personas por haber participado dolosamente en la masacre.
Había de transmitirse una pronta sensación de eficacia gubernamental. Esa debió ser la instrucción que recibieron el Ministerio Público, las diversas policías y, muy probablemente, las autoridades jurisdiccionales involucradas en el asunto. Hoy, gracias a las muy enérgicas diligencias de la justicia, 24 indígenas han sido condenados a 36 años de prisión por haber participado directamente en la masacre y poco más de 50 esperan aún una sentencia similar.
En el presente, el caso Acteal pareciera estar convenientemente resuelto. Y sin embargo, gracias a la revisión exhaustiva sobre los expedientes de los acusados que dos muy notables juristas del CIDE, Alejandro Posadas y Hugo E. Flores, han realizado, surgen suficientes y razonables dudas sobre la justicia con que se procedió para solucionarlo.
Estos investigadores dieron con la declaración de cinco individuos que aceptan haber participado como atacantes en este terrible episodio. Ellos confiesan, teniendo mucho que perder, que fueron nueve y no cien quienes, desde su bando, dispararon aquella mañana del 22 de diciembre. Insisten, además, que no era su intención atacar a las mujeres y los niños que estaban, según la versión oficial, rezando en la ermita. (Prueba de que podrían tener razón es que no había un solo tiro en el lugar de referencia).
En la expresión de los confesos, no fue una masacre lo que ocurrió en Acteal sino una batalla entre dos bandos: los zapatistas que pasaban por Acteal y los no zapatistas que venían persiguiéndoles para cobrarse otras muertes que, de su lado, ocurrieran poco tiempo antes. Así, desafortunadamente las 45 víctimas habrían encontrado la muerte cuando quedaron en medio de un fuego cruzado entre dos grupos rivales.
Si esta versión de los hechos es cierta, tal cosa querría decir que, una vez sucedidos los hechos de sangre, alguien recogió los desperdigados cuerpos de las víctimas para fabricar una escena diferente del crimen. Lo cierto es que, tal y como estos investigadores han hecho notar, "una mirada crítica al proceso muestra que la evidencia acusatoria es muy pobre" (Nexos, junio 2006): con tal de despachar rápida y eficazmente el asunto se fabricaron acusaciones, se violó y desestimó evidencia, se indujeron y falsificaron testimonios, se forzaron artificiosamente las declaraciones y, finalmente, se sentenció a varias decenas de inocentes.
De acuerdo con las pesquisas de ambos juristas es posible inferir que la masacre no ocurrió en la ermita sino en varios lugares del poblado. Tampoco, como se asegurara, la perpetraron 300 sujetos, sino previsiblemente nueve (del lado de los no zapatistas) y otros tantos simpatizantes del EZLN que aún están libres.
Además, a los acusados no se les respetaron ninguna de las garantías relativas al debido proceso: no contaron con un abogado durante sus primeras declaraciones, ni tuvieron acceso a un traductor, ni fueron escuchados en sus declaraciones, ni los testimonios que aportaron para su defensa fueron tomados en consideración.
En resumen, con tal de encubrir la muerte de 45 indígenas, en 1997 el aparato mexicano encargado de hacer que se cumpla la ley tomó la decisión de arruinar la vida de 80 indígenas más. Una injusticia ominosamente encubierta por otra injusticia.
Ricardo Raphael
22 de diciembre de 2006
Hoy, hace nueve años, en los Altos de Chiapas murieron asesinadas 45 personas. Todos eran indígenas y la gran mayoría mujeres y niños. Por aquella época se afirmó que alrededor de 300 creyentes estaban rezando en una ermita del poblado de Acteal cuando 100 individuos, profusamente armados, les dispararon a mansalva.
Inmediatamente las alarmas sonaron en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Este hecho demostraba que la política de ignorar el conflicto en ese estado del sureste desataba, como ya muchos involucrados en el problema habían advertido, furibundos actos de violencia entre las comunidades; muy concretamente podía exacerbar el encono entre zapatistas y no zapatistas.
El entonces jefe del Ejecutivo no tardó en tomar entre sus manos el expediente. No hubo pereza política para reaccionar. En cuestión de horas se confirmó la renuncia del gobernador Ruiz Ferro y también se dio a conocer el nombramiento del nuevo secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.
La idea era bajar la intensidad mediática de este trágico episodio en el menor tiempo posible. Fue precisamente bajo esta lógica política que la Procuraduría General de la República atrajo el caso acusando, durante los primeros días de enero de 1998, a 124 personas por haber participado dolosamente en la masacre.
Había de transmitirse una pronta sensación de eficacia gubernamental. Esa debió ser la instrucción que recibieron el Ministerio Público, las diversas policías y, muy probablemente, las autoridades jurisdiccionales involucradas en el asunto. Hoy, gracias a las muy enérgicas diligencias de la justicia, 24 indígenas han sido condenados a 36 años de prisión por haber participado directamente en la masacre y poco más de 50 esperan aún una sentencia similar.
En el presente, el caso Acteal pareciera estar convenientemente resuelto. Y sin embargo, gracias a la revisión exhaustiva sobre los expedientes de los acusados que dos muy notables juristas del CIDE, Alejandro Posadas y Hugo E. Flores, han realizado, surgen suficientes y razonables dudas sobre la justicia con que se procedió para solucionarlo.
Estos investigadores dieron con la declaración de cinco individuos que aceptan haber participado como atacantes en este terrible episodio. Ellos confiesan, teniendo mucho que perder, que fueron nueve y no cien quienes, desde su bando, dispararon aquella mañana del 22 de diciembre. Insisten, además, que no era su intención atacar a las mujeres y los niños que estaban, según la versión oficial, rezando en la ermita. (Prueba de que podrían tener razón es que no había un solo tiro en el lugar de referencia).
En la expresión de los confesos, no fue una masacre lo que ocurrió en Acteal sino una batalla entre dos bandos: los zapatistas que pasaban por Acteal y los no zapatistas que venían persiguiéndoles para cobrarse otras muertes que, de su lado, ocurrieran poco tiempo antes. Así, desafortunadamente las 45 víctimas habrían encontrado la muerte cuando quedaron en medio de un fuego cruzado entre dos grupos rivales.
Si esta versión de los hechos es cierta, tal cosa querría decir que, una vez sucedidos los hechos de sangre, alguien recogió los desperdigados cuerpos de las víctimas para fabricar una escena diferente del crimen. Lo cierto es que, tal y como estos investigadores han hecho notar, "una mirada crítica al proceso muestra que la evidencia acusatoria es muy pobre" (Nexos, junio 2006): con tal de despachar rápida y eficazmente el asunto se fabricaron acusaciones, se violó y desestimó evidencia, se indujeron y falsificaron testimonios, se forzaron artificiosamente las declaraciones y, finalmente, se sentenció a varias decenas de inocentes.
De acuerdo con las pesquisas de ambos juristas es posible inferir que la masacre no ocurrió en la ermita sino en varios lugares del poblado. Tampoco, como se asegurara, la perpetraron 300 sujetos, sino previsiblemente nueve (del lado de los no zapatistas) y otros tantos simpatizantes del EZLN que aún están libres.
Además, a los acusados no se les respetaron ninguna de las garantías relativas al debido proceso: no contaron con un abogado durante sus primeras declaraciones, ni tuvieron acceso a un traductor, ni fueron escuchados en sus declaraciones, ni los testimonios que aportaron para su defensa fueron tomados en consideración.
En resumen, con tal de encubrir la muerte de 45 indígenas, en 1997 el aparato mexicano encargado de hacer que se cumpla la ley tomó la decisión de arruinar la vida de 80 indígenas más. Una injusticia ominosamente encubierta por otra injusticia.
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